Llegada de convoy armado a Chiapas, ¿escenificación o realidad?

Las imágenes que nos llegaron el fin de semana desde el Estado de Chiapas son a cual más perturbadoras: cientos de personas vitorean el arribo, a la zona del municipio Frontera Comalapa, en Chiapas, de un convoy de civiles armados, presuntamente integrantes de la organización delincuencial denominada Cártel de Sinaloa.

Alrededor de una docena de vehículos, algunos de ellos equipados con armamento de alto poder, desfilaron ante los pobladores que parecieran manifestar su alegría por el arribo del grupo delincuencial, aunque algunas versiones difundidas hablan de que el acto pudo no ser espontáneo, sino forzado por los propios integrantes del citado cártel.

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Independientemente de si fue un acto voluntario o se trató de una escenificación una cosa queda muy clara: las mafias del crimen organizado actúan en aquella región a plena luz del día y sin ninguna restricción.

Al respecto, la Diócesis de San Cristóbal emitió el sábado un duro comunicado en el cual hace un llamado a los tres órdenes de gobierno a detener la crisis de violencia que se padece en Chiapas debido al enfrentamiento entre cárteles que se disputan el control del territorio.

“Los grupos delincuenciales se han apoderado de nuestro territorio y nos encontramos en estado de sitio, bajo psicosis social con narco bloqueos, que usan de barrera humana a la sociedad civil, obligándolos a estar y poner en riesgo su vida y la de su familia”, señala el texto firmado por el obispo de San Cristóbal, Rodrigo Aguilar Martínez y su auxiliar Luis Manuel López Alfaro.

Los líderes religiosos demandan, ante la situación que se vive en aquella región, actuación inmediata para la atención urgente de los casos de violencia, el arresto de los líderes criminales, el respeto a los centros educativos y el restablecimiento del orden social, entre otros aspectos.

En el comunicado, la Diócesis va incluso más allá y señala que “el silencio de las autoridades pone en riesgo la integridad humana y nos demuestra un estado fallido y rebasado y/o coludido con los grupos delincuenciales, desde los fiscales municipales y regionales, presidentes municipales, el gobierno del estado y federal”.

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Se trata de un señalamiento de la mayor gravedad, pero las imágenes que hemos visto el fin de semana parecen justificarlo. Resulta inadmisible que la población de aquella región del país se encuentre a merced de la delincuencia y que el Estado se revele incapaz de rescatarla de tal realidad.

Cabría esperar que ante la situación denunciada se registre una reacción inmediata por parte del Gobierno de la República y que esta se de en el sentido correcto, es decir, en el de restablecer el estado de derecho y garantizar con ello la integridad de la ciudadanía.

Nadie quiere llegar a la conclusión de que vivimos en un estado fallido, pero atajar esa percepción demanda acciones concretas y contundentes por parte de quienes tienen la responsabilidad de garantizar la seguridad de todos.