De la gestión de los asuntos públicos al gobierno abierto: nuestro propósito

El derecho de los ciudadanos a involucrarse en la administración de los asuntos públicos, a votar, a ser elegidos para cargos, así como acceder a posiciones en la función pública está reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y es respaldado y protegido por el artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Estos principios, denominados “derechos de participación”, han sido establecidos por el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, sosteniendo que el derecho a participar en la vida pública es fundamental para un gobierno democrático, ya que confiere a los ciudadanos la capacidad de seleccionar sus propias afiliaciones políticas, elegir a sus representantes, formar su gobierno y definir una Constitución. De este modo se configura la gestión de los asuntos públicos en las administraciones contemporáneas.

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Por esta razón, la dirección de los asuntos públicos abarca el ejercicio del poder político, especialmente en los ámbitos legislativo, ejecutivo y administrativo. Incluye todos los aspectos de la administración pública, así como la formulación y aplicación de políticas en los niveles internacional, nacional, regional y local.

En los últimos años, numerosos países han emprendido un proceso gradual para promover y desarrollar estrategias vinculadas al concepto de gobierno abierto. Este concepto se refiere a un gobierno que abre sus puertas al mundo, coinnova con todos, especialmente con los ciudadanos; comparte recursos que anteriormente estaban celosamente guardados, y aprovecha el poder de la colaboración masiva, la transparencia en todas sus operaciones, y no se comporta como un departamento o una jurisdicción aislada, sino como una estructura nueva, como una organización verdaderamente integrada y que trabaja en red (Don Tapscott, 2010). Al referirse al concepto de gobierno abierto, se abordan aspectos clave como: la transparencia, la rendición de cuentas, la participación ciudadana y la innovación tecnológica.

La Alianza para el Gobierno Abierto, una organización internacional dedicada a difundir prácticas efectivas a nivel global, desglosa estos principios en tres áreas fundamentales: I) aumentar la transparencia y el acceso a la información mediante la apertura de datos públicos, lo que permite el control social y la rendición de cuentas, así como la reutilización de la información del sector público para impulsar la innovación y el desarrollo económico; II) incentivar la participación ciudadana en la formulación y ejecución de políticas públicas, influyendo en las decisiones de las instancias públicas y sus representantes; y III) fomentar la creación de espacios colaborativos entre diversos actores, especialmente entre las administraciones públicas, la sociedad civil y el sector privado para cocrear el valor público.

Esta nueva forma de llevar a cabo a la administración pública contemporánea, con la colaboración de la sociedad civil organizada ha ido ganando terreno a través del impulso de diversas iniciativas gubernamentales, reflejando una generación de comunidades de ciudadanos conectados, defensores de derechos humanos y activistas que abogan por su puesta en marcha. Todo ello no ha estado exento de dificultades: su posicionamiento en la agenda pública de como dar solución a los problemas públicos, ha traído consigo problemas relativos tanto en su conceptualización como en su operación, propiciando que los procesos de deliberación entre los actores que interactúan para dar solución a las problemáticas sea uno de los elementos más importantes de dicho proceso, ya que en él influyen la expertirse que tiene los integrantes de la sociedad civil, con el conocimiento que guardan los funcionarios públicos para abrir las puertas de los trámites burocráticos que suelen presentar.

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Por lo que, el propósito del gobierno abierto en la gestión de los asuntos públicos es: aumentar la confianza ciudadana en las instituciones políticas, promover la participación y el compromiso cívico y mejorar la calidad, eficacia y eficiencia de los gobiernos y sus administraciones públicas, basándose en principios de integridad, transparencia y equidad. Para lograrlo, se busca generar nuevos espacios para la innovación gubernamental, desarrollar mecanismos de cocreación en la prestación de servicios públicos y el trabajo colaborativo-participativo de la ciudadanía, así como implementar nuevas estructuras de gobierno.

El autor es Investigador del Centro de Derechos Civiles y Políticos de la Academia Interamericana de Derechos Humanos

Este texto es parte del proyecto de Derechos Humanos de VANGUARDIA y la Academia IDH