De la participación ciudadana a la colaborativa en la gestión pública: nuestro objetivo

El derecho a la participación ciudadana es un derecho humano por medio del que las personas, de manera individual o colectiva, pueden y deben incidir en la vida política, económica, social y cultural de la comunidad de la que forman parte y a la que están integrados. Se exterioriza como derecho o poder, como deber y como mecanismo de actuación.

Se basa en una premisa básica: “La sociedad tiene derecho a participar”. El ejercicio de este derecho constituye uno de los valores fundamentales de las sociedades democráticas. Se refleja en la estructura y organización de la sociedad, así como en la manera en que se llevan a cabo procesos a través de los cuales los ciudadanos expresan sus intenciones de transformar o abordar problemáticas públicas. La participación nace de la conciencia de que los problemas con los que convivimos en nuestra sociedad tienen soluciones.

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Por este motivo, la participación ciudadana tiene como propósito que la sociedad cuente con la oportunidad de desarrollar mecanismos e instrumentos de participación, teniendo ésta diversas actividades, para las que la ciudadanía tiene la capacidad de intervenir en las decisiones públicas, así como incidir en la formulación de políticas públicas, a través del desarrollo y del empoderamiento ciudadano, involucrando al mayor número de actores (políticos, iniciativa privada, universidades, grupos vulnerables, etc.) para poder resolver problemáticas dentro de las instancias públicas.

De tal forma, es como se traza la participación colaborativa dentro de la gestión pública, como un proceso en constante construcción social donde intervienen las políticas públicas y la ciudadanía, canalizando y dando respuestas (a los derechos de las personas y de las organizaciones civiles) para llegar a un bien común en conjunto con los funcionarios públicos.

Es importante reconocer que este tipo de participación no se produce sólo debido a que la ciudadanía sea invitada por las instancias gubernamentales a realizar estas acciones. Sino que debe de contar con la existencia de canales adecuados de comunicación y retroalimentación por parte de los funcionarios públicos hacia la ciudadanía. Hay que reconocer que muchas de las veces, la sociedad no cuenta con el conocimiento de la existencia de estos, ocasionando que no puedan dar sus opiniones y/o iniciativas, generando así barreras de comunicación en donde debería existir un diálogo amplio y continuo con los representantes de las instituciones públicas.

El Consejo Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD), cuenta con la Carta de Participación Ciudadana y Gestión Pública, que señala una ruta a seguir para poder llevar este tipo de participación, donde deben de estar presentes los siguientes derechos:

a) La colaboración del proceso de formación de políticas públicas, b) la presentación de solicitudes y proyectos en las instituciones públicas, recibiendo de éstas un trato digno, y una oportuna y adecuada respuesta, c) la vigilancia y observación en la prestación de los servicios públicos y la inversión de los recursos públicos, d) la intervención en la elaboración y revisión de los leyes y reglamentos que afecten, en particular a determinados colectivos sociales, f) el requerimiento y obtención de información pública, respecto a la gestión pública, de forma completa, oportuna, veraz y actualizada, g) el ser informado de los contenidos y programas que llevan las instituciones públicas para en su momento poder colaborar con ellos, h) denunciar la obstaculización del ejercicio de participar i) la organización en colectivos y organizaciones ciudadanas, conformar redes sociales con miras en la incidencia sobre la gestión pública y j) realizar métricas sobre la gestión pública y sus resultados.

Y es así, como en cierto momento las instancias públicas y la ciudadanía se involucran en el debate público, construyendo mecanismos y canales de comunicación apropiados para la construcción y generación de políticas públicas que satisfacen las distintas problemáticas detectadas por la sociedad.

Por lo que, la participación colaborativa que buscamos en la gestión pública los ciudadanos puede ser traducida como un derecho que tiene la sociedad para expresar sus ideas y dar soluciones a problemas públicos, que mediante la colaboración y el diálogo constante entre sus representantes y la ciudadanía lleve a la toma de las mejores decisiones en el ámbito municipal, estatal y nacional.

El autor es investigador del Centro de Derechos Civiles y Políticos de la Academia Interamericana de Derechos Humanos