Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas
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El derecho a la libertad de expresión y/o a la prensa es fundamental para la independencia de pensamiento, pues trae consigo una sociedad más abierta y plural al momento de expresar libremente sus ideas y de emitir una opinión. Para el fortalecimiento del Estado de Derecho se requiere la consolidación de este derecho fundamental, para que la ciudadanía y los medios puedan expresar sus ideas y difundir sus opiniones sobre la acción del Gobierno.
En Coahuila, desde la pasada administración estatal (2011–2017) y la actual (2017–2023), se ha propuesto garantizar el cumplimiento de este derecho humano a través de su legislación. En este sentido, el estado cuenta con dos leyes sobre el tema: la Ley para la Protección de las y los Periodistas (2014) y la Ley para la Protección de las Personas Defensoras de Derechos Humanos (2016).
Dentro del Plan Estatal de Desarrollo 2017–2023, en el eje rector “Integridad y buen gobierno”, uno de los objetivos específicos es fortalecer las acciones orientadas a proteger la integridad física y la vida de las personas defensoras de los derechos humanos y la de los periodistas. El gobierno ha adoptado un discurso público que ha contribuido a prevenir la violencia contra los defensores de derechos humanos y los periodistas, al mismo tiempo que se ha instruido a las fuerzas de seguridad sobre el respeto a ambos grupos.
En el 2018 se suscribió un Memorando de Entendimiento con la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional y la Academia Interamericana de Derechos Humanos para generar políticas públicas para prevenir las agresiones en contra de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas; mejorar los procesos y el desempeño de las labores institucionales en la materia, así́ como fortalecer los vínculos y espacios de interlocución con las organizaciones de la sociedad civil, agrupaciones de periodistas y de personas defensoras de derechos humanos e instancias académicas.
A inicios del 2019, el gobernador del estado y los directores tanto de la Unidad de Derechos Humanos como de la Estrategia para la atención a los Derechos Humanos de la Segob, tomaron protesta al Grupo de Trabajo de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de Coahuila, integrado por representantes de ambas poblaciones y la academia. Este tiene como funciones “fungir como órgano de consulta civil para el análisis, evaluación y supervisión de las acciones que el Estado implemente para generar condiciones que garanticen el ejercicio de la libertad de expresión, la labor periodística y el derecho a defender derechos humanos y así atender la problemática que presenten los grupos organizados o individuos que desarrollen en el Estado labores de defensa de los derechos humanos, o ejerzan la libertad de expresión por medio de la actividad periodística y para implementar las recomendaciones internacionales en materia de libertad de expresión y derecho a defender los derechos humanos en el marco de la competencia del Estado”.
Dentro de las primeras acciones del Grupo de Trabajo fue conocer el estatus que guarda la libertad de expresión y/o prensa en la entidad, donde con apoyo y colaboración del Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia y la Academia Interamericana se presentará el Índice de Libertad de Expresión y Protección de Derechos Humano en el Estado de Coahuila. De igual forma, se colaboró con ProVoces, asociación que busca mejorar las condiciones de seguridad de periodistas y personas defensoras de derechos humanos, para la elaboración del Reglamento Interno y del Plan Estratégico del Grupo. Actualmente el Grupo de Trabajo realiza la elaboración del apartado de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Programa Estatal de Derechos Humanos 2019–2023, donde se busca la participación de todas las agrupaciones y colectivos de la entidad.
Los retos que tiene adelante el Grupo de Trabajo de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de Coahuila aún son grandes. Pero su compromiso con las obligaciones de respeto y garantía del derecho a la libertad de expresión y prensa en la entidad es tangible.
El autor es investigador del Centro de Derechos Civiles y Políticos de la Academia IDH
Este texto es parte del proyecto de Derechos Humanos de VANGUARDIA y la Academia IDH
