¿De qué se acusa (en verdad) al fiscal Uriel Carmona? Hay mucho más de lo que se dice

Autoridades federales, de la Ciudad de México y del ámbito militar coordinan las acciones que mantienen en la cárcel al fiscal de Morelos, Uriel Carmona, con cuatro cargos sucesivos. El despliegue de recursos legales en su contra no se deriva de esas imputaciones, sino de la presunción de que este funcionario judicial se halla atrás de amenazas de muerte en contra de Claudia Sheinbaum, firme aspirante a suceder al presidente López Obrador.

Fuentes gubernamentales y militares aseguraron a este espacio que desde finales de marzo pasado, en víspera de una visita de la señora Sheinbaum a Morelos, el 1 de abril, las áreas de inteligencia de la Secretaría de Marina detectaron mensajes de WhatsApp desde el teléfono de Carmona −con órdenes de espiar los movimientos de ella− hacia subordinados de la Fiscalía General de Justicia del estado, a los que la propia Marina atribuye vínculos con el crimen organizado.

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Este patrón se reprodujo, según los informes de la Marina, antes y después de la serie de eventos públicos llevados a cabo el 27 de junio por la propia exjefa de Gobierno capitalino en varias plazas del estado, que concluyeron con una concentración masiva en la ciudad de Cuautla. En esta oportunidad, el fiscal Carmona Gándara habría escrito en su celular alusiones a un “mensaje” que presuntamente le mandó a la señora Sheinbaum. En ese periodo comenzaron a registrarse en el entorno de ella amenazas de muerte, que se han repetido tras la detención de Carmona.

Desde el arresto del funcionario judicial en su domicilio, la mañana del 4 de agosto, efectivos de la Marina han tenido un papel visible en toda esta historia mediante un operativo en torno a su vivienda, ubicada en el centro de Cuernavaca; en la vigilancia sobre sus traslados, detenciones y reiteradas reaprehensiones. Incluso, fuentes de la propia Marina aseguraron a este columnista que integrantes de la propia dependencia, de sus áreas de inteligencia y jurídica, han acudido a reuniones de trabajo con funcionarios de diversos ámbitos y atestiguado la evolución de audiencias contra el imputado.

Las mismas fuentes revelaron que la vía judicial contra Carmona se adoptó tras descartar el escenario político de emprender su desafuero tanto en el Congreso local como en la Cámara de Diputados federal, al concluirse que el fiscal cuenta en ambos frentes con la complicidad de legisladores del partido oficial, Morena.

La estrategia judicial −que ha resultado tortuosa− quedó inicialmente depositada en la fiscalía de la Ciudad de México, que encabeza Ernestina Godoy, y en la fiscalía federal de Alejandro Gertz Manero. La línea conductora de principio fue imputarle a Carmona Gándara diversos delitos en los que presuntamente incurrió en el caso del feminicidio de Ariadna Fernanda, de 27 años, el 30 de octubre de 2022, cuyo cadáver fue descubierto al día siguiente sobre una carretera en las cercanías del poblado de Tepoztlán, Morelos.

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Indagatorias paralelas llevaron a la fiscalía capitalina a dictaminar el delito de feminicidio contra la joven, mientras la fiscalía morelense, en voz del propio Carmona, aseguró que la muerte se habría debido a una congestión alcohólica. Una semana después fue apresado, con evidencias demoledoras, el empresario Rautel Astudillo, que la noche de la muerte había ofrecido una fiesta en su casa de la colonia Condesa, con la presencia de Ariadna.

Abogados penalistas consultados para este artículo aseguraron que las acciones para encubrir la muerte de la joven, incluido haber arrojado su cadáver en una carretera, configuran por sí mismas el delito de feminicidio. Y avalaron la imputación sobre Carmona por el cargo de obstaculización de la justicia y otros en secuencia, que le fueron imputados por la fiscalía de Ernestina Godoy, cuyos voceros han asegurado que el funcionario morelense ordenó a peritos de su fiscalía alterar los informes iniciales sobre el hallazgo del cadáver de Ariadna Fernanda. Y que éstos lo han confirmado en declaraciones judiciales, lo que niega la defensa del imputado.

Tres veces la fiscalía capitalina ha enderezado cargos del fuero común contra Carmona Gándara; en las mismas tres, un tribunal las ha descartado con el argumento de que el funcionario goza de fuero. Pese a que hace meses el presidente López Obrador anunció que el fiscal federal Gertz Manero atraería el caso, éste sólo lo hizo de forma marginal. Tampoco intervino, como lo dispone la ley, cuando dos estados entran en conflicto legal, como es el caso.

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Apenas en días pasados, la fiscalía federal presentó contra Carmona acusaciones por tortura, atrayendo señalamientos en ese sentido esgrimidos por Luis Ibarra Martínez, apodado “El Diablo”, acusado del asesinato de dos personas y de un feminicidio, en abril pasado. Eventualmente liberado por falta de pruebas, acusó en un video a Carmona de mandar a torturarlo para inculparse de estos crímenes y proteger a los verdaderos autores, una mafia regional ligada al narcotráfico y otros delitos.

El curso de esta nueva denuncia contra Uriel Carmona, la cuarta al hilo, tendrá una escala esta semana en la resolución de un juez sobre si lo deja en libertad o no, y si, en su caso, se le aprehende nuevamente. Pero el epílogo será una resolución sobre el fuero del que goza. La misma recaerá finalmente en la Suprema Corte de Justicia a partir de una propuesta de sentencia que, según se perfila, emitiría la ministra Margarita Ríos-Farjat.

Ante la concurrencia de los actores nacionales y regionales en este caso, se tratará de un nuevo episodio en el que la política fracasa y ello acaba expresándose en rol de la Corte.

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