Decálogo para una coalición posible
En 2023 habrá elecciones para gobernador en Coahuila y el Estado de México, ambos ahora en poder del PRI. Se trata de sus dos últimos bastiones en los que se considera que el año próximo no le será fácil superar a Morena. Algunos opinan que la probabilidad de ganar prácticamente se asegura si acuerda ir en coalición con Acción Nacional. Como sucedió este año en Durango, donde sin los votos panistas el candidato del PRI habría sido derrotado.
Sin embargo, tal alianza será de muy difícil construcción. Particularmente en Coahuila, estado en el que a lo largo de más de ocho décadas el distanciamiento entre ambos partidos ha sido total y su enfrentamiento permanente. Literalmente sin tregua ni cuartel. Este dato histórico es bien conocido de la opinión pública estatal y lo tienen siempre presente los militantes de uno y otro partido. En especial los panistas, quienes hasta donde se aprecia mayoritariamente son contrarios a aliarse electoralmente con el PRI en 2023.
En el caso, que parece remoto, de que vayan PAN y PRI en alianza electoral en Coahuila el año próximo, han de suscribir un convenio de coalición y solicitar el registro de éste a la autoridad electoral. Como además de comicios para gobernador también habrá elecciones para renovar el Congreso local, lo que en realidad debería proceder es acordar un “gobierno de coalición”, materia en la que es omisa la legislación de Coahuila.
En amplia consulta a militantes panistas de la entidad, se pueden resumir en diez los principales prerrequisitos que han de considerarse para la formación de tal alianza electoral. Son los siguientes:
Primero, de entrada, que sea la dirigencia formal del PRI la que manifieste, oficial y públicamente, su intención de construir tal coalición, que por sus alcances necesariamente deberá ser total.
El segundo, que se reserve al PAN la postulación
de fórmulas de candidatos en nueve distritos electorales. Tercero, que se dé a este partido la opción de vetar a los candidatos que se postulen en los demás distritos electorales y vayan a ser, por efectos de la coalición, abanderados también de Acción Nacional; esto
con el objeto de evitar la postulación de candidatos ética o políticamente impresentables.
Cuarto: Que el PRI asuma el compromiso de apoyar la realización de una amplia investigación, llevada a cabo conforme a estrictos criterios técnicos, sobre el endeudamiento público estatal registrado durante el periodo de 2005 a 2017. Quinto, como corolario de lo anterior, ese mismo partido deberá comprometerse a apoyar las consecuencias que de tal investigación se deriven en los órdenes financiero, administrativo, político y penal.
Como prerrequisito sexto, el mismo compromiso de apoyar, a través de sus diputados, la separación de su cargo del titular de la Auditoría Superior del Estado, desde luego con estricto apego a lo establecido sobre el particular por la ley de la materia; y séptimo, de ser además el caso, apoyar el eventual fincamiento de las responsabilidades que procedan en contra de dicho funcionario, toda vez que ha sido notoria la lenidad con que se ha conducido en el ejercicio del cargo.
Prerrequisito octavo: Comprometerse a revisar el Sistema Estatal Anticorrupción, tanto en el aspecto legislativo como en la integración de los órganos que lo conforman, en razón de que ha sido obvia su ineficacia.
Noveno: Acordar a iniciativa del principal aliado, diferente al partido que postule al candidato a gobernador, la designación de quienes ocuparán en la próxima administración estatal la titularidad de las Secretarías de Finanzas, de Fiscalización y Rendición de Cuentas, y de Educación, siempre que se trate de personas con suficiente capacidad técnica y reconocida honorabilidad.
Como décimo y último, aunque no por ello menos importante prerrequisito: que ninguno de los hermanos Moreira Valdés y personajes allegados a ellos, tengan participación como representantes de la eventual coalición durante el proceso electoral 2023.
Cada prerrequisito de los diez amerita amplia explicación acerca de su pertinencia. Imposible dar aquí tal explicación. Sólo decir que el segundo, desde el punto de vista político, operaría como candado de seguridad para el caso de que el aliado se desentienda del cumplimiento de los compromisos adquiridos.
@jagarciavilla
