Defectos del Fonden vistos en 2020

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Opinión
/ 30 octubre 2025

Los recursos se dirigieron a las entidades con mayores recursos, mientras se utilizó a Banobras para ser la caja donde se tenían que concentrar los pari passu. El sur, particularmente, no era beneficiado

En 2020, durante la sesión del Parlamento Abierto convocada por el presidente de la Comisión de Presupuesto, Erasmo González, y por Mario Delgado, entonces presidente de la Junta de Coordinación Política, el tema central fue el Fonden: sus resultados y qué hacer con él.

El Fondo de Desastres Naturales (Fonden) fue creado en 1996 con el fin de reconstruir infraestructura pública y vivienda de población marginada. Santiago Levy, entonces subsecretario de Egresos, lo presentó a los funcionarios fiscales en San Carlos, Sinaloa, y en 1999 empezó a operar.

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Era un fideicomiso que tuvo dificultades y defectos. Con la apertura del Congreso, se decía, parecía el momento de corregirlos: ya fuera el mismo Fondo o desapareciéndolo para crear uno nuevo con equidad, transparencia y control en el manejo de los recursos. El objetivo era atender a estados y municipios con menores niveles de desarrollo y recursos, estableciendo reglas de operación más claras y administrando los recursos con transparencia y rendición de cuentas, que garantizara la equidad a las entidades y municipios con menores niveles de desarrollo y, por supuesto, de recursos. Los pari passu eran totalmente usurarios, especialmente para los de menor desarrollo, como los municipios.

En cinco estados se concentraba más de la mitad de los recursos de reconstrucción, entre ellos los que han tenido mayores niveles de pobreza y que fiscalmente no eran favorecidos, pues durante años se privilegiaron las inversiones en infraestructura en el norte y en algunos estados de centro. Por supuesto, los recursos se dirigieron a las entidades con mayores recursos, mientras se utilizó a Banobras para ser la caja donde se tenían que concentrar los pari passu. El sur, particularmente, no era beneficiado.

Los recursos se concentraban en los domicilios fiscales de las grandes empresas del Valle de México, Nuevo León y Jalisco, dejando a los estados del sureste con escasas posibilidades de contar con reservas fiscales para enfrentar desastres naturales. “La idea” de crear el Fonden operaba con una estructura de pari passu difícil para los estados más afectados por los desastres naturales, como Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Guerrero y Morelos, entidades con infraestructura más endeble y mayor recurrencia a los desastres naturales, como lo seguimos observando.

Los llamados pari passu eran regresivos, por ejemplo, en algún momento la aportación municipal llegó a ser del 70 por ciento y para los estados del 60 por ciento, hasta que en 2021 se igualó en 50–50. Sin embargo, la regresividad no cambió, pues la estructura financiera nunca estuvo vinculada al peso fiscal de estados y municipios. En una visita de diputados y autoridades de Sinaloa para conocer mi opinión sobre los créditos de Banobras, la respuesta fue clara: además de usurarios, eran eternos, ya que no podrían adelantar pagos.

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Como es claro, varias entidades federativas no podían cubrir su parte y, dependiendo de la “capacidad negociadora” de sus autoridades, conseguían recursos de alguna dependencia federal. Estos recursos llegaban disfrazados, pero eran para “la aportación estatal” al Fonden, ante la imposibilidad de que el Estado depositara sus pari passu.

En Banobras se crearon los “bonos cupón cero”, una presión adicional y costosa para las haciendas estatales, que sólo podían pagar los intereses, sin posibilidad de adelantar pagos, pues la prioridad era la reconstrucción, convirtiéndose en una “deuda eterna”. Estos recursos no se usaban para ampliar su cobertura, incluyendo las epidemias y pandemias, como en su momento se incluyeron las sequías y los incendios forestales.

Por ello, y otras cosas, fue afortunada su desaparición.

brunodavidpau@yahoo.com.mx

David Rogelio Colmenares Páramo egresó de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México en 1974 y de la Maestría en Juicio Oral y Proceso Penal Acusatorio por el Instituto Nacional de Ciencias Penales en 2024.

Actualmente es profesor Titular de las materias Política Económica, Economía del Sector Público y Finanzas Estatales en la Facultad de Economía de la UNAM, desde 1978. En 2018 fue nombrado Auditor Superior de la Federación por unanimidad de todas las fuerzas políticas en el H. Congreso de la Unión para el periodo 2018-2026. De 2023-2028 fue nombrado Secretario Ejecutivo de la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS) y junto a EFS de Perú es miembro pleno del Comité Directivo de la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI).

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