Desapariciones: entre el relato gubernamental y el de las víctimas
COMPARTIR
Las víctimas respaldan críticamente las conclusiones del informe que será enviado a la Asamblea General de la ONU
A la memoria de Julio Scherer García
El 2 de abril, un informe de la ONU sobre las personas desaparecidas y no localizadas sacó a la luz las diferencias entre el relato gubernamental y el de las víctimas y sus aliados.
Las autoridades de Morena cerraron filas en torno a la tesis lanzada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH): las desapariciones “han venido descendiendo desde 2018, hasta prácticamente desaparecer”. Con esa tesis como escudo y arma, rechazaron el informe del Comité de la ONU. Lo consideran parcial por no reconocer las buenas intenciones y acciones oficiales y por haberse dejado influir por ONG perversas que lucran con el dolor ajeno. Con esa versión buscan convencer a unos y aplastar a los inconformes.
Las víctimas respaldan críticamente las conclusiones del informe que será enviado a la Asamblea General de la ONU. Tienen argumentos sustentados en la historia, en estadísticas oficiales y sociales y en las vivencias de las personas buscadoras.
En México, la práctica de la desaparición forzada se remonta a los años sesenta, cuando nuestros represores adoptaron métodos ensayados en países como Guatemala, Argentina, Chile y Brasil: hacer desaparecer a las personas y extender el castigo a sus familias, impidiéndoles el duelo.
Dicha práctica, visible durante la Guerra Sucia, reapareció multiplicada durante el gobierno de Felipe Calderón e hizo metástasis en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, quien empezó muy bien, pues en 2018 creó dos comisiones de la verdad –Ayotzinapa y la Guerra Sucia– y fortaleció a la Comisión Nacional de Búsqueda para atender de manera integral el problema. A la mitad del sexenio se arrepintió y empezó a descalificar a las víctimas, acusándolas de haberse dejado manipular por las perversas ONG y/o sus secuaces extranjeros.
El gobierno de Sheinbaum está cometiendo un error gravísimo al entrar en esta batalla cuando todavía son insuficientes sus logros en el combate a la inseguridad. Es indudable que ha mejorado la estrategia de seguridad, como lo es también que le temblaron las manos a la hora de limpiar las entrañas gubernamentales y sociales. El Sábado de Gloria, mientras la CNDH encabezaba la procesión de incensarios frente a Palacio Nacional, se vinculaba a proceso a Hernán Bermúdez –el secretario de Seguridad de Adán Augusto López– por desaparición forzada.
En Palacio Nacional, en Gobernación y en Relaciones Exteriores están ignorando lo endeble de su armadura. Ensoberbecidos, olvidan la historia y el ramillete de contundentes cifras. La Presidenta es aprobada con un 72 por ciento, pero sus políticas contra la corrupción y el crimen organizado son condenadas por el 78 por ciento de la ciudadanía. Data Cívica estudió las encuestas nacionales de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) del Inegi entre 2012 y 2023 y encontró que de dichos estudios se infiere que las desapariciones son aproximadamente 2.7 veces mayores a las del registro oficial (RNPDNO).
Otra encuesta del Inegi, la ENCIG de 2021, consigna una aprobación a las ONG de 59.4 por ciento contra 34.3 por ciento para las elecciones y de 27.9 por ciento para los partidos políticos. La última cifra embona con el silencio sepulcral de los partidos. ¿Callan por su corresponsabilidad y complicidad, ya que en sus gobiernos ha florecido la desaparición? Afortunadamente, hay una franja de militantes comprometidos.
Las víctimas y sus ONG aliadas tienen con qué derrotar la versión oficial, pero ¿serán capaces de superar sus diferencias y unirse en torno a una agenda mínima? Por lo pronto, dialogan con funcionarias como la ombudsperson capitalina (CDHCM), María Dolores González Saravia, que se desmarcó de Palacio Nacional reconociendo lo positivo del informe de la ONU y pidiendo una respuesta pública integral, articulada y sostenida. También lo hacen con la titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Marcela Figueroa, quien ayer martes dialogó en el CIDE con académicos y directivos de ONG críticas con la reclasificación que hizo su oficina del registro de víctimas federal.
Por el bien de México, apoyemos a las buscadoras y sus palas. Simbolizan la dignidad y la ética.
Colaboró Elena Simón Hernández
