Desempeño institucional

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Opinión
/ 15 febrero 2024

La confianza en el buen desempeño de las instituciones es multifactorial; en ello es relevante la eficacia con la que logran sus objetivos y comunican sus acciones a través de sus actos de gobierno.

Dentro de este resultante de fuerzas, los esfuerzos para diseñar, instrumentar y evaluar acciones colectivas son esenciales para el diálogo democrático, como lo es la publicación en cada entrega de informes individuales de Auditoría y el Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2022, que tendrá lugar el próximo 20 de febrero, mismos que a partir de que se entreguen a la Cámara de Diputados serán públicos. Desde 2015 empezamos a entregar tres reportes al año: en junio, octubre y el definitivo en febrero del siguiente año.

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Los resultados de la fiscalización a cargo de la ASF derivan del ejercicio de nuestras atribuciones legales, hasta cubrir el ejercicio de la totalidad de los recursos públicos de origen federal, incluyendo los asignados a los tres Poderes de la Unión, los entes autónomos, estados y municipios e, inclusive, particulares.

Nuestro trabajo es reflejo de la creciente confianza y respaldo que se ha ganado la ASF entre los legisladores y la sociedad, pues en la fiscalización superior se han encontrado fortalezas propias de la rendición de cuentas, así como en su relevancia para el combate a la corrupción.

En este último punto, y relacionado con los asuntos de gobierno, se hace mención del Corruption Perceptions Index (CPI) que anualmente es publicado en torno a la percepción de la corrupción en el mundo.

La edición del año 2023, publicada el 30 de enero de 2024, recupera información de 180 países. El documento está especialmente preocupado por variables como el Estado de Derecho y el fortalecimiento de los mecanismos anticorrupción, como lo es la fiscalización superior.

Las ediciones más recientes del Índice (incluida 2023) presentan —además de las mediciones sobre percepción de corrupción— una serie de recomendaciones de política pública, legislación o de cooperación internacional para mejorar la atención del problema.

El CPI afirma que la corrupción está ligada a otros problemas estructurales como la pobreza, contextos de inseguridad o baja confianza institucional; problemas de suyo multifactoriales, por lo que no se puede hacer análisis de contextos próximos en función de una compleja problemática, en cuya resolución uno de sus pilares es precisamente la fiscalización superior, pues ella es la que permite contar con evaluaciones técnicas y objetivas.

En la actualidad la ASF dispone de técnicas de auditoría especializadas para desahogar sus responsabilidades, de un Plan Estratégico que encuadra su desarrollo, y de un marco legal que le permite llevar a cabo una amplia gama de actividades propias de su función, mas la realidad plantea constantemente nuevos desafíos, ante los cuales el ente fiscalizador debe generar respuestas oportunas.

Tal es el caso de la práctica de auditorías digitales, así como el diseño de distintas metodologías orientadas a la fiscalización de los recursos federales transferidos a los órdenes estatal y municipal, las cuales son una contribución de la mayor relevancia para que la ASF expanda sustancialmente sus actividades de control en ámbitos en los cuales, dada la dificultad de acceso y la disponibilidad de recursos humanos y materiales, los beneficios de la fiscalización habían sido limitados. Hoy tenemos la tecnología a nuestro favor y además de las redes internacionales, contamos con un intercambio permanente de comunicación con nuestros pares.

brunodavidpau@yahoo.com.mx

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David Rogelio Colmenares Páramo egresó de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México en 1974 y de la Maestría en Juicio Oral y Proceso Penal Acusatorio por el Instituto Nacional de Ciencias Penales en 2024.

Actualmente es profesor Titular de las materias Política Económica, Economía del Sector Público y Finanzas Estatales en la Facultad de Economía de la UNAM, desde 1978. En 2018 fue nombrado Auditor Superior de la Federación por unanimidad de todas las fuerzas políticas en el H. Congreso de la Unión para el periodo 2018-2026. De 2023-2028 fue nombrado Secretario Ejecutivo de la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS) y junto a EFS de Perú es miembro pleno del Comité Directivo de la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI).

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