Dos décadas

La semana pasada se celebró el 20 aniversario de la publicación de la primera ley de transparencia y acceso a la información en México. Al calor de la primera alternancia en la Presidencia de la República, la ley significó una victoria tras años de debates y luchas a favor de la libertad de expresión y el derecho a saber.

Apenas unos años antes, el movimiento social Alianza Cívica había utilizado el derecho de petición y dos artículos de la Constitución para conocer algo que hoy en día es accesible para todos: el salario del entonces presidente Ernesto Zedillo y el costo de su oficina integrada por funcionarios contratados con recursos públicos. Esta historia que terminó litigándose en tribunales evidenció la importancia de la vigilancia social en el uso de los recursos de todos.

A dos décadas de este reconocimiento normativo, México cuenta con una de las mejores leyes en la materia. Aun así, estamos todavía lejos de contar con un Gobierno de puertas abiertas, cómodo frente al escrutinio ciudadano informado.

En el caso del Gobierno federal, el Presidente de la República ha criticado la labor del órgano nacional de transparencia y ha reiterado la posibilidad de desaparecerlo por considerarlo inútil y caro.

A la vista de todos y de manera gradual, en los últimos diez años se han transferido 227 funciones civiles a las fuerzas armadas. Frente a estas nuevas responsabilidades se requiere máxima apertura y vigilancia, sin embargo, la Secretaría de la Defensa es de las instituciones que bajo el argumento de seguridad nacional puede reservar información.

En las entidades federativas la operación opacidad ha pasado también por el control de los órganos de transparencia locales. En Veracruz, un día después de terminar su gestión, fue encarcelada la excomisionada Yoli García, sin que los delitos que se le imputan ameritasen prisión preventiva oficiosa. En Tlaxcala, el Congreso del Estado destituyó a tres comisionados por supuestas omisiones en su encargo. En Morelos y Oaxaca, los congresos hicieron reformas a modo para renovar a los órganos de transparencia y colocar comisionados leales. Todo esto sin mayor resistencia ni respingo social. El reconocimiento de un derecho es un primer paso. Hacerlo exigible no debería tomar otras dos décadas.

@louloumorales