El ‘Cártel Inmobiliario’ de Saltillo, ¿va a caer?

El término fue acuñado a más de 800 kilómetros de la capital coahuilense y se hizo muy popular durante el proceso electoral pasado porque constituyó la munición favorita con la cual la actual jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, disparó a su principal oponente, el panista Santiago Taboada, a quien se acusa de ser la cabeza de la “organización”.

En apretada síntesis, el “cártel inmobiliario” de la CDMX está constituido por un grupo de políticos, mayoritariamente militantes del Partido Acción Nacional, cuyo modus operandi ha consistido en otorgar permisos para el desarrollo de proyectos inmobiliarios... y luego hacerse de la vista gorda cuando se excedía lo contemplado en el permiso.

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El área de influencia del referido “cártel” ha sido, de acuerdo con información filtrada por las autoridades de la capital de la República, esencialmente la alcaldía Benito Juárez y ha operado desde hace casi un cuarto de siglo.

En Saltillo el término realmente no se usa, pero debiera, pues no existe forma de explicar los alcances de lo hecho por Lizeth “N”, a quien esta semana se le encontró culpable de cuatro de los 30 casos judicializados en su contra... hasta ahora, pues acumula 60 denuncias penales.

Las historias comenzaron a circular en Saltillo -casi como leyendas urbanas- conforme fuimos dejando atrás la peor parte de la pandemia y, por ende, íbamos recuperando la normalidad de la vida cotidiana. En marzo de 2023 publicamos en VANGUARDIA la primera denuncia concreta: el despojo de una residencia en el exclusivo fraccionamiento San Alberto, en Saltillo.

Pero para cuando se difundió la información la denuncia llevaba más de dos años y medio “estancada” en un escritorio de la Fiscalía General de Coahuila. No fue sino hasta ventilarse públicamente cuando el caso cobró impulso y avanzó hacia la judicialización.

En el inter, como suele ocurrir, la perpetradora y sus cómplices agregaron un número importante de casos a su curriculum. Los cálculos de sus víctimas indican una situación difícil de creer: el daño patrimonial causado podría superar los 100 millones de pesos.

No estamos hablando de poca cosa, sino de una estafa operada a gran escala: decenas de personas cayeron en el engaño de Lizeth “N” quien ofreció venderles una propiedad, ya ostentándose como la dueña de la misma ya presentándose como agente inmobiliaria.

El punto fino de todo esto es uno: tal como ocurre en la CDMX con el “cártel inmobiliario” de allá, aquí debe existir una red de cómplices, pues resulta imposible considerar, en la historia local, la actuación en solitario de una estafadora con habilidades supra humanas capaz de engañar a todo mundo.

Lejos de esta posibilidad, el abogado de Lizeth lo expuso el jueves pasado con claridad meridiana: su cliente, aseguró, carece de estudios e incluso padece de sus facultades mentales.

Puede ser una argucia legal, desde luego, pero el señalamiento sirve para insistir en lo fundamental: no estamos ante una mente maestra al estilo de Anna Delvey (su nombre real es Anna Sorokin), la estafadora de origen ruso quien engañó a la élite neoyorquina entre 2013 y 2017 y cuyo caso ha merecido la inmortalidad en una serie televisiva.

No: aquí estamos ante un peón, una figura menor en el entramado de complicidades y corrupción en el cual participan -o han participado- notarios públicos y funcionarios de al menos tres instancias gubernamentales relacionadas con el catastro y la actividad registral.

Se trata de un auténtico “cártel” del cual nadie parece interesado en decir nada e incluso la Fiscalía General de Coahuila pretende ignorar. Y cuando eso ocurre, la explicación apunta en una dirección muy clara: la existencia de redes de complicidad al más alto nivel.

Seguiremos en el tema.

¡Feliz fin de semana!

@sibaja3

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