El charlatán de Gatell: de la cima, ¿a los tribunales?

Hugo López-Gatell llegó a pensar en algún momento que podía ser candidato a la Presidencia allá en los primeros meses de la pandemia del coronavirus. Su equipo lo veía como una estrella fulgurante por la articulación de sus palabras y la forma didáctica como explicaba la enfermedad de la COVID-19. Cautivaba y atrapaba corazones de mujeres que suspiraban al verlo en las portadas de las revistas. El presidente Andrés Manuel López Obrador lo había hecho zar del coronavirus y la exposición pública lo volvía loco.

Nadie se acordaba que el presidente Felipe Calderón lo había destituido en cuestión de días por el desastre de su estrategia para contener el virus A1H1, porque administraba la ignorancia en Palacio Nacional con su conocimiento científico sobre epidemias, que cubrieron su incompetencia para contener una pandemia. López-Gatell había demostrado que era un bombero que sabía bajar gatos de los árboles, pero no contener un incendio en el bosque. El engaño duró meses, pero para marzo de 2021, su estrella estaba abollada y venía en picada.

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López-Gatell, que desde la Facultad de Medicina en la UNAM se había distinguido más por ser grillo, ya había dilapidado su capital profesional por la zalamería con el presidente, de quien dijo la estupidez de que su fuerza moral lo defendía de la COVID, y como enemigo de los cubrebocas que además saboteó la compra de vacunas Pfizer. En abril de 2021, cuando la Organización Mundial de la Salud afirmó que en México se habrían podido evitar casi 200 mil muertes por la pandemia, el vocero presidencial Jesús Ramírez Cuevas le propuso al Presidente sacarlo de las conferencias, con los datos de las encuestas sobre el desplome de su popularidad y el impacto que había tenido el informe en las redes sociales y su frivolidad.

En ese entonces, los datos eran preliminares, pero al término de la emergencia sanitaria hubo 805 mil muertes por encima de las curvas endémicas, de las cuales 501 mil 835 fueron certificadas directamente a la COVID-19 y el resto asociadas a la enfermedad. El exceso de mortalidad sirvió como contexto para una serie de demandas en 2022 presentadas por el abogado Javier Coello Trejo por “falta de deber de cuidado, negligencia y falsos informes dados a la población”, que sepultó la Fiscalía General hasta mayo del año pasado, cuando un juez federal le ordenó retomar la investigación contra el todavía entonces subsecretario de Salud.

López-Gatell comenzó a buscar un salvavidas y a buscar fuero. López Obrador no lo había destituido porque, como sucede con muchos otros casos, pensaba que hacerlo sería reconocer que se había equivocado y podía dañar su imagen, y pese a que llevaba meses de no tomarle llamadas ni darle citas, dejó que intentara buscar un cargo de elección popular. No lo consiguió. El Presidente, que empezó a recibir informes de la Fiscalía General sobre una compra inexplicable de una casa en los años de la pandemia, no lo palomeó.

Hace unos 10 días lo nombró el Presidente coordinador general de Política y Gobierno, un puesto que es donde colocó a dos personas que había mandado al basurero político, César Yáñez, quien tras acompañarlo por más de dos décadas, fue maltratado por el Presidente que, sin reconocerle mérito, la difusión en una revista del corazón de su boda, fue suficiente para mandarlo al ostracismo, y Rabindranath Salazar, un impresionantemente incompetente funcionario que donde lo nombraban fracasaba.

Lo que no hizo el Presidente, fue darle fuero.

En enero de 2022 se planteó en este espacio, a partir del largo conocimiento de personas que trataron a López-Gatell, la incertidumbre que podría tener sobre su futuro luego de haber sido soberbio con sus mentores e ignorado sus observaciones sobre el manejo de la pandemia del coronavirus por escoger el camino de la política por encima del de la ciencia, ante el canto de las sirenas en Palacio Nacional. Dos años después, arrumbado en una oficina en la Presidencia, apestado por muchos, un nuevo torrente se le viene encima.

Se trata del primer informe de la Comisión Independiente de Investigación sobre la Pandemia de COVID-19 en México, que será dado a conocer a finales de mes, que estima que el 36.62% de las muertes por la enfermedad se pudieron haber evitado de no haberse dado de fallas en la gestión de la pandemia y la ausencia de un liderazgo, que llevó a un uso engañoso de los datos que provocaron toma de decisiones inoportunas, como la inacción por minimizar la crisis, una evaluación inadecuada de los riesgos, desapego a los protocolos y negación de evidencias científicas, y por la falta de coordinación institucional. Por estas razones, concluye la Comisión, murieron 224 mil 244 personas innecesariamente.

La gestión de López-Gatell, a quien no mencionan por nombre, dejó a 215 mil niños en la orfandad, que de acuerdo con la Comisión, llevó a México al primer lugar en la tasa de menores huérfanos a causa de COVID. Ningún país en todo el continente americano tuvo un mayor número de pérdidas de vida (cuatro mil 500) en el sector de trabajadoras y trabajadores de la salud, y colocaron a este país en el cuatro en el mundo en porcentaje de muertes en exceso, detrás de Perú, Bolivia y Ecuador, que lo superan en términos proporcionales.

América Latina, que comprende el 8% de la población mundial, tuvo más de un tercio de las muertes totales por la pandemia, y México, con el 1.6% de la población global, tuvo 4.1% de exceso de muertes. La entidad que más resultó afectada por la mala gestión fue la Ciudad de México, donde se registró el 67% del exceso de mortalidad.

El manejo de la pandemia en México fue una “catástrofe”, dijo Jaime Sepúlveda, que coordinó el reporte y es uno de los mentores que se alejaron y criticaron a López-Gatell, responsable directo de una política ideologizada que produjo decenas de miles de muertos y que redujo 4.5 años la esperanza de vida de los mexicanos. Pero la justicia caerá tarde o temprano sobre este personaje, políticamente y en los tribunales.

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