La opacidad de los gobiernos en México

La opacidad ha sido una constante en la vida política mexicana. No pertenece exclusivamente a un partido, a un sexenio ni a un gobernante: ha acompañado históricamente el ejercicio del poder y ha encontrado distintas formas de manifestarse, adaptándose a los cambios políticos, institucionales y tecnológicos del país. Durante buena parte del siglo 20, la concentración del poder y la debilidad de los mecanismos de vigilancia permitieron que numerosas decisiones públicas se tomaran lejos del escrutinio ciudadano.

La alternancia política, las leyes de transparencia y la creación de organismos especializados modificaron ese escenario. Sin embargo, las nuevas instituciones y las obligaciones legales no eliminaron automáticamente las viejas prácticas. La opacidad no desapareció; en muchos casos, cambió de forma, mutó.

En los gobiernos actuales, la opacidad no siempre consiste en esconder documentos o negar directamente el acceso a la información. Puede ser más discreta y sofisticada: publicar datos incompletos, presentar cifras sin contexto, dispersar documentos en distintos portales o responder solicitudes mediante procedimientos que dificultan comprender lo que realmente ocurrió.

La información puede estar disponible y, aun así, resultar prácticamente inaccesible para la ciudadanía. No basta con publicar contratos, presupuestos, estadísticas o informes; es necesario que estos documentos sean comprensibles, estén actualizados y permitan reconstruir las decisiones, identificar a los responsables y conocer los resultados.

En ocasiones, el problema no es la ausencia absoluta de información, sino la forma de presentarla. Se anuncian inversiones sin explicar suficientemente sus costos; se destacan los recursos aprobados sin precisar cuánto se ejerció efectivamente y se comunican avances sin indicadores que permitan evaluar su impacto. El gobierno informa, pero la sociedad no siempre dispone de los elementos necesarios para verificar. Esta diferencia es fundamental: publicar datos no equivale necesariamente a transparentar el ejercicio del poder.

Una de las expresiones más delicadas aparece en las contrataciones públicas. La falta de claridad en la adjudicación de contratos, el uso de excepciones a los procedimientos competitivos, las modificaciones contractuales poco explicadas y la dificultad para identificar a los beneficiarios finales pueden obstaculizar la vigilancia del dinero público.

Estas prácticas no prueban por sí mismas la existencia de corrupción, pero sí pueden dificultar su detección y la exigencia de responsabilidades. Algo semejante ocurre con el presupuesto. La ciudadanía necesita conocer no solamente cuánto dinero se aprobó, sino cuánto se gastó, en qué se utilizó, quién lo recibió y qué resultados produjo.

Otra forma de opacidad se encuentra en la divulgación política. Los gobiernos contemporáneos dominan las conferencias, los comunicados, las redes sociales y las campañas de difusión. La información circula con rapidez, pero no siempre contribuye a una evaluación objetiva de las decisiones públicas. Los logros reciben amplia difusión, mientras que los incumplimientos, los costos y los resultados adversos pueden quedar relegados. El problema surge cuando la comunicación gubernamental deja de ser un medio para informar y se convierte en una herramienta para administrar la percepción pública.

También existe opacidad cuando se presentan estadísticas verdaderas de manera selectiva. Una cifra puede ser correcta y, sin embargo, inducir a una conclusión equivocada si se omiten antecedentes, periodos de comparación o factores relevantes. El dato aislado puede servir para legitimar una decisión, pero no necesariamente para comprender la realidad.

A estas prácticas se suma la clasificación de información bajo argumentos de seguridad, confidencialidad o protección de datos. La burocracia también puede producir opacidad. Las respuestas tardías, incompletas o excesivamente técnicas, así como la remisión a portales en los que resulta difícil localizar los documentos, convierten un derecho formal en una tarea compleja para el ciudadano.

Finalmente, las nuevas tecnologías abren otro frente: la opacidad algorítmica. Cuando las autoridades emplean sistemas automatizados o herramientas de inteligencia artificial para gestionar trámites, asignar apoyos, detectar irregularidades o evaluar solicitudes, deben poder explicar los criterios relevantes de sus decisiones. En ese sentido, la falta de transparencia persiste cuando el poder conserva la capacidad de decidir qué muestra, qué explica y qué deja fuera del debate público. Se fortalece cuando la sociedad recibe anuncios en lugar de argumentos, cifras en lugar de evaluaciones y promesas en lugar de resultados comprobables.

El sistema democrático exige más que información: demanda explicaciones, responsabilidades y consecuencias, porque el mayor triunfo de la opacidad no es que el poder oculte sus decisiones, sino que la sociedad deje de exigir conocerlas. Cuando los gobernantes deciden qué podemos saber y los ciudadanos dejan de preguntar, la democracia comienza a vaciarse de contenido.

Por si le interesa –ya ve que por estos lugares para todo sacan rankings–, en el Índice de Transparencia y Disponibilidad de la Información Fiscal de las Entidades Federativas (ITDIF), elaborado por la consultora Aregional, Coahuila se encuentra en el lugar 27 con 41.61 puntos, mientras que Nuevo León ocupa el 8 con 73.10. Quien está a la cabeza, es decir, el estado menos opaco o más transparente, es Querétaro, con una calificación de 97.86 puntos. Así las cosas.