El conflicto de interés como norma en Coahuila
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La Ley define el conflicto de interés como “la posible afectación del desempeño imparcial y objetivo de las funciones de los servidores públicos en razón de intereses personales, familiares o de negocios”.
En principio, los servidores públicos deben poner, por encima de todo, atender los intereses generales, es decir, lo que es de incumbencia de toda la población. En contraste con estos “intereses generales”, están los intereses particulares que ellos o sus allegados puedan tener en asuntos de negocios, familia, etc.
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La búsqueda de un gobierno que en verdad se dedique a atender los intereses generales tiene dos fundamentos: por un lado, se busca evitar la corrupción, es decir, el uso del poder para beneficio personal, familiar o empresarial. Por otro lado, se pretende que el gobierno pueda cumplir correctamente con su responsabilidad de “gobernar bien”, resolviendo los problemas que son comunes a todos o a la gran mayoría de los habitantes.
El enfoque del gobierno federal en la 4T ha sido identificar asuntos de interés general y, a partir de ahí, establecer políticas de atención y, eventualmente, garantizar nuevos derechos. Un ejemplo es la pensión universal a adultos mayores impulsada por el expresidente López Obrador. En México, debido al alto nivel de informalidad en la economía, sumado a cambios legales que dificultaron el acceso a una pensión digna y a que millones de campesinos viven de trabajar su propia tierra, teníamos un grave problema de adultos mayores que, en su gran mayoría, habían trabajado toda su vida en condiciones de pobreza y vulnerabilidad y no podían jubilarse ni recibir apoyo alguno. Por eso se estableció una pensión universal, y luego se logró que fuera parte de nuestra Constitución, convirtiéndola en un derecho. En otras palabras, donde se detectó una necesidad, se creó un nuevo derecho.
Similarmente, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum ha identificado la necesidad de mejorar los niveles de escolarización y generar condiciones para que los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria puedan tener un mejor desempeño al contar con mejores condiciones económicas para afrontar los gastos inherentes al estudio e incluso otras necesidades (como alimentos, traslado, etc.). Por eso, se está implementando una nueva beca universal para alumnos de preescolar, primaria y secundaria, que se convertirá igualmente en un nuevo derecho.
Estos dos casos muestran un enfoque en el que el poder conferido por los ciudadanos en las urnas se utiliza para establecer nuevos derechos, resolver problemas sociales y construir una sociedad mejor.
En contraste, lamentablemente, en el gobierno de Coahuila prevalece una visión totalmente distinta. Aquí la lógica es otra: en cada necesidad, se encuentra la posibilidad de hacer un negocio personal o familiar. El conflicto de interés es la norma.
El encarecimiento de la vivienda en las principales ciudades del estado es una desgracia para la gran mayoría de la población, especialmente para los jóvenes, pero una gran noticia para las empresas constructoras y para los especuladores que acaparan terrenos. Es difícil esperar que el gobierno del estado se ponga del lado del interés de la mayoría cuando está encabezado por un empresario de la construcción. El transporte público se encuentra abandonado, en una situación de total desventaja competitiva frente a otros estados y regiones del país, lo que obliga a las empresas a contratar servicios de transporte de personal y a la gente a gastar mucho más en taxis o a tener que comprar, sí o sí, un automóvil. Esto afecta nuevamente a la gran mayoría de la población y, si consideramos el impacto en la calidad del aire, al 100 por ciento de nosotros. Pero las empresas dedicadas a ofrecer transporte de personal se ven grandemente beneficiadas. Nuevamente, ¿de qué lado va a estar el gobierno?, ¿de los intereses de la mayoría o de las empresas transportistas de las que también varios políticos son dueños o accionistas? En educación, construcción de obra pública y medios de comunicación, la historia se repite.
En definitiva, pienso que es indispensable, para que el estado pueda realmente liberar su potencial y aprovechar la coyuntura histórica que implica la llegada de nuevas inversiones debido a nuestra vecindad con Estados Unidos, avanzar en el entendimiento de que la política tiene que servir para atender los intereses de todos y no, esencialmente, los intereses empresariales de los propios políticos.
FB: @AntoniolCastroV
TT: antoniolcastrov
