(y la política)

A la luz de una serie de propuestas formalizadas en mayo pasado por el secretario de Defensa, Luis Cresencio Sandoval, el gobierno de López Obrador determinó presentar como hecho consumado una reorganización de las fuerzas armadas que no sólo requerirá reformas constitucionales y legales, sino que alterará el equilibrio de poder en el País.

La determinación anunciada para crear un Estado Mayor Conjunto en la Sedena, con un comandante general del Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional —hasta ahora definida constitucionalmente con una corporación bajo mando civil—, entre otras acciones, depositará en manos del general Sandoval González una preminencia no vista en los 75 años transcurridos desde que en 1946 los militares acordaron tomar distancia de la política y dar paso a los civiles.

El documento “Reorganización de la Sedena”, fechado el pasado 3 de mayo —copia del cual, con sellos de seguridad, obra en poder de este espacio— circuló entre altos mandos de regiones y zonas militares tras obtener el aval del Presidente durante un acuerdo con el titular de la Defensa, según testimonios recogidos.

Estas propuestas plantean expresamente el propósito de iniciar un proceso que se extienda más allá de 2024, al término del presente sexenio, “para consolidarse —la Sedena— como un actor estratégico para la paz, seguridad y desarrollo nacional...”.

El general Sandoval, de 61 años, adelantaba en ese documento la nueva estructura anunciada el viernes: Estado Mayor Conjunto, Comandancia General, integración de la Guardia Nacional, separación entre áreas administrativas y operativas. Nada de eso figura aún en la Constitución ni en la Ley Orgánica del Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos, que ha sido modificada en contadas ocasiones.

Este nuevo esquema es similar al que existe en otras naciones, incluso en América Latina, con la singularidad de que aquí se carece de una corporación intermedia, como la Guardia Civil de España o los Carabineros de Chile, subordinada a una entidad civil. Ese fue el camino que intentó aquí la Policía Federal, malogrado bajo el gobierno Peña Nieto y abortado apenas iniciada la llamada Cuarta Transformación.

Este proceso de reestructura exhibe argumentos razonables de modernización, pero el mayor riesgo está en la política, como lo demuestra en otros temas el activismo político del titular de la Defensa, documentado con frecuencia en las “mañaneras” y difícil de encontrar entre sus antecesores, salvo quizás el caso de Hermenegildo Cuenca Díaz (1970-1976, con Luis Echeverría), cuya ambición de ser gobernador de Baja California —estado natal del general Sandoval— se vio frustrada por una súbita muerte, en mayo de 1977, en plena campaña electoral.

El analista del mundo militar Juan Veledíaz ha ubicado en las antípodas de ese activismo a dos generales secretarios, rigurosamente institucionales de cara a crisis históricas: Marcelino García Barragán (1964-1970, con Gustavo Díaz Ordaz), y Antonio Riviello Bazán (1988-1994, con Carlos Salinas). Dos facetas adicionales generan justificada inquietud sobre este proceso de reorganización militar. El primero es el papel de la Secretaría de Marina, a cargo del almirante José Rafael Ojeda, también picado por el virus de la política, pero que habría pedido hacerse a un lado y no participar en el llamado Estado Mayor Conjunto.

El otro aspecto perturbador, tanto en la Defensa como en la Marina, son las tareas que la administración de López Obrador asignó a las fuerzas armadas, como controlar aduanas y puertos —socavados por la corrupción, es verdad— y distribuirse virtualmente los estados en donde operan: la Marina, en las costas, pero no sólo ahí; Defensa, en el resto. En esos ámbitos de influencia mandan sobre la designación de jefes policiacos, entre otras muchas tareas.

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