El negocio perfecto

Pareciera que los innumerables actos de robo al erario, en diferentes estados y en diferentes carteras, no han sido suficientes para que los servidores públicos acaben de entender que no sólo hablamos de actos que son contrarios a la ley, sino que también a la moral. A lo mejor siguen pensando de la misma forma que don Fidel Velázquez, otrora líder de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), sobre que la moral no es más que un árbol que da moras.

La moral es un constructo que opera en lo privado y en los grupos de referencia a los que pertenecemos –una familia, una organización, una profesión, un grupo humano, un partido político– y tiene que ver con las normas y los acuerdos establecidos, sólo hacia adentro de ese grupo. La ética tiene que ver con lo público. La cosa es que cuando hablamos del peculado tendremos que situarlo en la dimensión de lo moral, de lo ético y de lo legal.

En lo moral no sólo se afecta la fama de quien incurre en estas deleznables prácticas, afecta a los hijos, a la o al cónyuge, según sea el caso; al círculo de amigos cercanos y finalmente a la organización para la que trabaja. Pero ni así les importa, la inmoralidad en la que habitan no les da para ver más allá de su nariz.

En lo ético complica el desarrollo
de la sociedad porque se vuelve una costumbre –como es el caso de lo que se dice y se piensa de los servidores públicos en nuestro País, sin ser esto una falacia por generalización–, basta con escuchar una plática (las más recientes del líder del antiguo partido hegemónico) para darnos cuenta qué piensan sobre la política. Y no sólo eso, se devalúan las profesiones y se pierde la confianza en los profesionales del ramo en cuestión, entre otras tantas cosas más.

Y en lo legal, la exhibición pública y las sanciones, que en muchos de los casos las tienen bien medidas, teniendo como metodología la impunidad, el amparo y el débil estado de derecho en el que desde hace muchos sexenios pervivimos.

Aquí y en China el robo del dinero público que recauda el Estado a través de nuestras contribuciones y que sirve para resanar la infraestructura social –carreteras, servicio de salud, educación, apoyos a
los vulnerables, entre otras tantas cosas– se denomina peculado, que del latín al español significa capital, dinero; y poquito o mucho, como dijera aquel desvergonzada alcalde de un municipio nayarita, es
un robo.

De ahí la importancia de la 3 de 3 que nadie quiso firmar y que luego nos acabamos conformando con declaraciones públicas que se encuentran en el área del cumplo y miento, no del cumplimiento. Vea cómo alcaldes, gobernadores y presidentes de la República siguen defendiéndose, como gatos boca arriba, para no hacer informes de declaraciones patrimoniales, arguyendo que las condiciones de inseguridad no son propicias. ¿Y como cuándo serán propicias? En un país como el nuestro, personajes que no declaran con cuánto llegan a un escaño público luego se blindan cuando salen de él. Al tiempo, como el amor y la stultitia, el dinero es notorio. El servicio público es el negocio perfecto.

Pareciera que hay problemas mentales muy fuertes entre quienes no distinguen la delgada línea de lo público y lo privado. Desde el discurso que utilizan, donde afirman: “construimos” un parque, una carretera, un hospital (y habría que agregar “con el dinero de sus impuestos), hasta la práctica del uso y el abuso del dinero público para fines personales, familiares o de grupo. ¿No me diga que ya se olvidó el tema de la megadeuda de Coahuila o aquello de Ficrea? Y a nivel nacional, ni se diga, si le digo cuáles nos faltaría espacio.

El peculado es y seguirá siendo un robo con todas sus letras, que atenta contra la ciudadanía representada por el Estado, realizado por servidores públicos, sin conciencia o con una conciencia preconvencional, como decía Lawrence Kohlberg, a quienes se les encomendó la tarea de custodiar, gestionar y aplicar de forma correcta los recursos que se han obtenido por concepto de impuestos. Por ejemplo, en este estado no hemos visto que el llamado “peso de la ley” caiga sobre un exgobernador o un expresidente municipal. De ahí la importancia de saber con cuánto llegan y con cuánto se van.

Por eso es entendible, aunque no aceptable, el desánimo ciudadano a la hora de pagar prediales, tenencias, seguros, entre otros conceptos, que muchos conscientemente, con buena voluntad y con un alto sentido de la responsabilidad cívica, lo aplican con la confianza de que estas prácticas ya no ocurran, porque el yo confío, tú confías y él nos defrauda sigue más vigente que nunca.

Como se antoja el “ojo por ojo y diente por diente”, que se sigue practicando en algunas zonas orientales, para diferenciar la cantidad de mancos que quisieron irse por la libre. Dije antojo, no se me vaya a tomar a mal. La intención de algunas sociedades de otro tiempo, y algunas de éste, era pensar y permitir que alguien se apodere de lo que no le pertenece, pero enviaba señales claras de que el tema no sólo es contrario a la lógica, a la moral y a la ética, sino a la marcha, al equilibrio y a la armonía de la comunidad.

El problema son los cuatro o seis años de pena que este delito representa y que en muchos de los casos el botín paga la sanción, o al tiempo el delito prescribe o simplemente por “buen comportamiento” se baja la condena. Ya sé lo que está pensando, el buen comportamiento lo deberían de tener mientras administran o gobiernan. Sea como sea, ante los recientes golpes mediáticos de los que se solaza el actual Gobierno, el endurecimiento de la ley en esta materia sigue siendo una nota pendiente. Así las cosas.

fjesusb@tec.mx