El reto de disminuir la desigualdad y pobreza

El desarrollo y crecimiento desigual de los países ha colocado el análisis de sus causas como un asunto prioritario, tanto en la agenda pública como en la de los gobiernos, donde existe un consenso respecto a que la desigualdad surge de condiciones históricas y sociales.

Esta dinámica de la desigualdad no parece tan lejana cuando se analiza la desigualdad económica al interior de cada país, siendo replicada en el comportamiento de las economías nacionales. En un país federal, dentro de cada orden de gobierno.

Los entornos urbanos, casi siempre mejor comunicados entre sí y con actividades de más alto valor agregado que los rurales, producen –en términos nominales y estrictamente económicos– una mayor riqueza.

Las poblaciones rurales se enfrentan a un mundo de por sí desigual, que reproduce y maximiza las brechas dentro de sus países, aunque el 80 por ciento de los alimentos del mundo son producidos en explotaciones agrícolas familiares, según datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés). A pesar de eso, la mitad de la población rural en el mundo carece de cobertura sanitaria, frente al 22 por ciento en zonas urbanas.

Por ello, es prioritario que el gasto público sea evaluado por su impacto para garantizar la eficiencia y el aprovechamiento en el desafío de combatir la pobreza, así como en la disponibilidad de agua, la educación y el apoyo de recursos a la población con menores ingresos.

En este orden de ideas, es evidente que el desarrollo económico y social real del país sólo puede surgir desde las regiones, desde los municipios y sus localidades. La desigualdad, la pobreza y la miseria se encuentran principalmente en el México rural; observemos lo que está pasando en comunidades de estados como Oaxaca, Chiapas, Guerrero o Michoacán.

La concentración a nivel municipal es clara en las participaciones en impuestos federales, la recaudación del impuesto predial, donde estamos cerca del 0.03 por ciento del PIB, muy por debajo de países como Chile, Argentina o Colombia, o del promedio de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que es del 1.9 por ciento, incluso en la deuda pública.

Los municipios se enfrentan a múltiples necesidades de gasto, principalmente porque los proveedores de servicios –limpia, alumbrado, basura y agua– son asunto de los municipios, además del equipamiento urbano.

A excepción de los servicios de agua potable, los demás que provee el municipio sólo pueden ser financiados con recursos propios o participaciones. Es por esto que cuando las crisis financieras aparecen en los municipios, son los ciudadanos quienes de inmediato la sienten, ya sea en la falta de recolección de basura o en el alumbrado público, entre otros; en otras palabras, se presenta un “apagón financiero municipal”.

Hacer política sin obra pública resulta complicado, pues los ciudadanos siempre exigirán nuevas obras. Entonces, los alcaldes entran en la disyuntiva de parar los servicios o atender las nuevas gestiones, sobre todo cuando entran en administraciones que ya están endeudadas.

Las participaciones son el principal ingreso que tienen los municipios. Sin embargo, algunos estados aún tienen fórmulas deficientes de distribución que sólo premian la ineficiencia. Son pocos los estados que aportan más del 20 por ciento que la Ley de Coordinación establece como mínimo, sin entender que, a medida que las ciudades crecen, la demanda de servicios aumenta, sin que esta sea compensada con recursos que no sean los de su recaudación local.

La Ley de Disciplina Financiera ha sido el parteaguas para una mejor administración municipal, pero aún hay mucho que hacer: las pensiones, los laudos, la corrupción y la falta de capacidades técnicas son algunos temas pendientes en la agenda, que aún continúan como un reto en el desarrollo local.