El riesgo de los países en desarrollo se está valorando de forma errónea

Por Vera Songwe y Mahmoud Mohieldin, Project Syndicate.

YAOUNDÉ/EL CAIRO- Desde hace años se acumulan las pruebas de que los mercados sobreestiman sistemáticamente el riesgo en las economías en desarrollo. La última de ellas es la nueva edición de la Base de Datos sobre el Riesgo de los Mercados Emergentes Globales (GEM), que muestra una marcada discrepancia entre los resultados de las economías en desarrollo en materia de impagos y recuperación, y las hipótesis predominantes en los mercados.

Los inversores llevan mucho tiempo asociando las economías en desarrollo con instituciones débiles, elevados riesgos políticos y económicos, y impagos frecuentes, por lo que han exigido elevadas primas de riesgo. Cuando los inversores afirman que no hay proyectos “financiables” en las economías en desarrollo, suelen referirse menos a la calidad de los proyectos que al precio del capital.

La nueva edición de la GEMs, que abarca más de 15 mil préstamos al sector privado concedidos entre 1994 y 2024 por 29 bancos multilaterales de desarrollo (BMD) e instituciones financieras de desarrollo (IFD), echa por tierra estas suposiciones. Se ha constatado que, a pesar de las crisis financieras, las crisis de las materias primas, las pandemias y la inestabilidad política, los préstamos al sector privado en los mercados emergentes registraron tasas de impago del 3.54 %, en líneas generales comparables a la tasa de los bonos corporativos con calificación «B» en las economías avanzadas.

Y lo que es más importante, según la base de datos GEMs, cuando se producían impagos, los prestamistas recuperaban una media de 72.9 céntimos por cada dólar prestado. Este resultado es mucho mejor que los índices de referencia mundiales de bonos de Moody’s y, más aún, que las estimaciones de recuperación de JPMorgan para los mercados emergentes.

El informe de GEMs también cuestiona la suposición arraigada de que los prestatarios privados de un país determinado no pueden presentar un riesgo menor que el soberano. De hecho, los proyectos privados bien estructurados pueden «superar el techo soberano», ofreciendo una mejor calidad crediticia de la que sugieren las calificaciones nacionales. En los países de bajos ingresos, las calificaciones soberanas sitúan las probabilidades de impago por encima del 31 %, pero, en la práctica, las empresas privadas financiadas por bancos de desarrollo registraron una tasa de impago de tan solo el 7.2 %. En otras palabras, mientras que las condiciones de financiación reflejaban la suposición de que uno de cada tres prestatarios incurriría en impago, la proporción real se acercaba más a uno de cada 14.

Cuando el riesgo se valora erróneamente y las condiciones de financiación vienen dictadas por supuestos excesivamente conservadores, el capital se asigna de forma inadecuada y la expectativa de que los proyectos no son «financiables» se convierte en una profecía autocumplida. Las elevadas primas de riesgo elevan las rentabilidades exigidas a niveles que muchas inversiones productivas no pueden alcanzar de forma realista. Los proyectos se tachan de no financiables porque no cumplen unas exigencias exageradas.

Las consecuencias son de gran alcance. A medida que se retrasan inversiones fundamentales en ámbitos como la energía, el transporte, las infraestructuras digitales, la sanidad y la resiliencia climática, incluso cuando los proyectos son viables, la industrialización, las transiciones energéticas y la integración en las cadenas de valor verdes y digitales emergentes se ven perjudicadas. Las diferencias en el coste del capital se traducen, por tanto, en brechas de desarrollo y competitividad.

La lección no es que la gobernanza, la sostenibilidad de la deuda o la estabilidad macroeconómica no importen, y mucho menos que todas las inversiones de los países en desarrollo sean apuestas de bajo riesgo. La diferenciación del riesgo sigue siendo esencial. Pero la evidencia global sugiere que las prácticas de fijación de precios predominantes a menudo exageran el riesgo, especialmente en el caso de las inversiones del sector privado respaldadas por las instituciones financieras de desarrollo (IFD). De hecho, el apoyo de los bancos multilaterales de desarrollo (BMD) y las IFD mejora sustancialmente los resultados, gracias a una selección eficaz de proyectos, la supervisión, las normas de gobernanza y la mitigación de riesgos. Las metodologías de fijación de precios y los marcos normativos deberían tener en cuenta el apoyo de estas instituciones.

Cambiar los métodos de financiación no es tarea fácil, ya que están arraigados en los sistemas reguladores, los mandatos de inversión y los marcos de referencia. Pero los costes de esta inercia son elevados —y recaen en gran medida sobre las economías en desarrollo—. Ahora que se dispone de los datos y que la brecha entre las hipótesis y los resultados observados es cuantificable, se deben adoptar medidas en cuatro frentes.

En primer lugar, las agencias de calificación deberían revisar el techo de calificación soberana en los mercados en los que los bancos multilaterales de desarrollo (BMD) y las instituciones financieras de desarrollo (IFD) desempeñan un papel significativo. Hace tiempo que se debería haber llevado a cabo una revisión sistemática de cómo las calificaciones soberanas influyen en las evaluaciones crediticias del sector privado. Del mismo modo, los reguladores prudenciales deberían revisar los requisitos de capital para los préstamos a países en desarrollo, reconociendo los beneficios de mitigación de riesgos que aporta la participación de los BMD y las IFD.

En tercer lugar, los inversores institucionales deben actualizar sus modelos internos de riesgo. En la actualidad, los fondos de pensiones, las aseguradoras y los fondos soberanos suelen limitar su exposición al crédito privado de las economías en desarrollo. La incorporación de datos sobre pérdidas esperadas que tengan en cuenta las tasas de impago y de recuperación observadas podría desbloquear una inversión sustancial.

Por último, las economías en desarrollo deben seguir abordando las fuentes reales de riesgo. El fortalecimiento de la gestión macroeconómica, la mejora de la sostenibilidad de la deuda, el refuerzo del cumplimiento de los contratos, el desarrollo de los mercados de capitales locales y la creación de entornos normativos estables siguen siendo esenciales para atraer la inversión a largo plazo.

El G-7, el G-20, los bancos multilaterales de desarrollo, los reguladores, los inversores institucionales y los gobiernos de los países en desarrollo deberían abordar estas tareas como una agenda de reforma sistémica, más que como un ajuste técnico. No se trata de una petición de más ayuda o de mayores recursos en condiciones favorables. Es una exigencia de que los marcos de fijación de precios del capital reflejen datos empíricos, en lugar de supuestos heredados.

Aunque la reforma de las evaluaciones de riesgo por sí sola no eliminará el déficit mundial de financiación para el desarrollo, podría contribuir en gran medida a reducirlo, sin necesidad de recursos públicos adicionales. También mejoraría la asignación del ahorro mundial y desbloquearía la inversión productiva a gran escala. Fijar el precio del capital con mayor precisión no es simplemente una cuestión de equidad. Es una cuestión de eficiencia, crecimiento y desarrollo. Copyright: Project Syndicate, 2026.

Vera Songwe, investigadora sénior no residente del Programa de Economía Global y Desarrollo y de la Iniciativa para el Crecimiento de África de la Brookings Institution, es fundadora y presidenta del Liquidity and Sustainability Facility.

Mahmoud Mohieldin, investigador sénior no residente del Programa de Economía Global y Desarrollo de la Brookings Institution, es enviado especial de las Naciones Unidas para la financiación del desarrollo sostenible, exministro de Inversiones de Egipto (2004-10), exvicepresidente sénior del Grupo del Banco Mundial y exdirector ejecutivo del Fondo Monetario Internacional.