El riesgo de trivializar la ilegalidad por parte del Presidente y la sociedad

El país llega a preocupantes extremos de complacencia con la ilegalidad. La impunidad es compañera de viaje en la vida nacional. Ocurre en la política, en el ejercicio del gobierno y, lamentablemente, en los asuntos de seguridad. A pesar de las cifras de desaparecidos y homicidios dolosos, propias de un país en guerra civil, el Presidente hace ostensible su satisfacción sobre el estado de cosas.

Un cuarto de millón de personas habrá muerto −desaparecidos y homicidios− por la violencia al final de un proyecto político que prometió acabar con el horror que se cierne sobre el país desde hace mucho tiempo. El Presidente esgrime razones para que las fuerzas del orden no combatan al crimen; prefieren él y su candidata cubrirse con la falsa y cómoda tesis de atacar al crimen en sus causas, para ellos, la desigualdad y la pobreza. Vaya manera de criminalizar a los pobres y victimizar a los delincuentes. El manto de impunidad hace que el crimen crezca, se diversifique y penetre el tejido social.

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Bajo estas condiciones de impunidad generalizada no debe sorprender la respuesta semanas atrás del presidente al periodista Jorge Ramos, tampoco su aval para que jerarcas religiosos en su desesperación pretendan obtener gracia de los criminales y con ello disminuir el dolor de la población en general y de sus feligreses en particular. No muy diferente el caso, por abandono de las autoridades, el ruego a los asesinos por parte de madres buscadoras para que al menos den oportunidad de que los suyos tengan cristiana sepultura. Mientras, el gobierno desmantela el Centro de Nacional de Identificación, como reportó El País en su edición del 20 de febrero en una colaboración de Wendy Selene Pérez.

La sociedad debiera estar indignada al ver que en el país se ha interiorizado la impunidad como parte del paisaje. El Presidente lleva semanas en ostensible proselitismo violando la Constitución y un elemental sentido de pudor cívico. Nada sucede. La señora Guadalupe Taddei prefiere conminar a las candidatas presidenciales a observar las reglas que exigir al Presidente acatar el código de imparcialidad al que la ley le obliga. Si él no cumple, por qué los demás, por qué los criminales deben hacerlo. La conducta del presidente, para bien o para mal, es ejemplo.

La impunidad es la causa profunda de la violencia y de la descomposición social. No sólo es un tema de eficacia judicial, involucra a todos, particularmente a los que más tienen o poseen mayor capacidad de influencia sobre lo que hace el gobierno. No hay sanción legal, tampoco sanción social porque, en el fondo, muchos como el Presidente no creen que la ley es la ley. La validación al orden de cosas también está presente en buena parte de la élite.

Ante este espectáculo de horror, fracaso e impudicia que ofrece esta generación, es encomiable que una parte de la sociedad salga a la calle en defensa de la República, de la democracia y de la Constitución. Pero los indignados siguen sin ser mayoría, porque en una democracia los números que cuentan no son los de la plaza pública, sino los que se manifiesten en las urnas.

Difícil para muchos mexicanos, especialmente para los jóvenes, entender la complejidad de los valores cívicos y el de las instituciones y las prácticas democráticas. Cuando mayor es su asedio y amenaza, hay indiferencia, porque no hay aprecio de los mayores logros del México del último medio siglo: la normalidad democrática y la exigencia de legalidad. Cierto, siguen existiendo problemas, desigualdad, exclusión y venalidad, pero se resuelven con más y mejor democracia, no con prédicas moralistas que encubren coartadas autoritarias que prescinden de la ley y de la rendición de cuentas.

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Las condiciones de descomposición social, la impunidad en el intervencionismo presidencial en la elección y la captura por el crimen de amplios territorios nacionales complican el discernimiento del votante ante el dilema que le plantea la elección de 2024. El 18F es un paso alentador que prevé una elevada participación electoral sin los efectos corruptores del clientelismo ni la interferencia indebida del crimen y del Presidente en los comicios.

En breve iniciarán campañas; de allí deseable una deliberación colectiva más allá de partidos, candidatos y su propaganda. Necesariamente, debe acompañarse de una presencia ciudadana, haciendo su caso ante el votante para defender bandera, democracia y patria, que son de todos.