El secreto, la discreción y la publicidad

Las personas y las instituciones tienen secretos, requieren de discreción y también, de alguna forma, publicidad. El problema es cuando lo que se supone es secreto adquiere indeseable e imprevista divulgación. Se puede hacer alarde de que nada hay que esconder y, por lo mismo, presumir que todo puede ser público. No es así ni debe ser así. La protección de los datos personales y el derecho a la privacidad son ejes del acceso a la información. También, debe destacarse, todo Estado tiene ámbitos de secrecía por distintas consideraciones, incluyendo el interés nacional. Efectivamente, no todo puede ser público.

Las leyes determinan la frontera entre lo público y lo secreto, así como lo privado. Hay ambigüedad, pero también hay vías para dar curso a la inconformidad. El problema está cuando las autoridades abusan de las disposiciones que garantizan secreto con el propósito eludir el escrutinio público. Los medios de comunicación y organizaciones civiles vinculadas a la lucha contra la corrupción han ganado espacio y no son pocos los casos del periodismo de investigación que han dado lugar a la exposición de actos corruptos, de abuso de poder o simplemente de escándalo mediático.

No se puede minimizar la gravedad de que se hayan hackeado vastas cantidades de información digitalizada de la Sedena, los supuestos responsables dicen haber distribuido 4.1 millones de documentos, además de videos e imágenes. Se sabe que tuvieron acceso privilegiado a la filtración Latinus y El País. Seguramente no son los únicos. El jueves se dieron a conocer varios asuntos de impacto: la salud del Presidente, los hechos en Culiacán Sinaloa en los que se liberó a Ovidio Guzmán, las diferencias entre los titulares de la Sedena y Marina y problemas en la operación de la aduana de Cancún. El País está en el análisis de grandes volúmenes de información, por lo que se esperan sucesivas revelaciones de impacto. Por lo pronto señala casos como la detención de Caro Quintero, la masacre de la familia LeBaron, los abusos sexuales en la institución y la detención en EU del general Cienfuegos.

El Presidente validó el viernes la veracidad de la información. Es explicable que la atención se haya centrado en el tema de su salud y particularmente un incidente en enero en el que se le reporta grave, por lo que tuvo que ser trasladado en helicóptero de Palenque a un hospital militar en la Ciudad de México. El hecho confirma lo que es conocido: la fragilidad de la salud del mandatario, pero también que no sólo no se informa de ello, sino que se oculta. La situación no es de alarma, pero sí debe el mandatario cuidar preventivamente de su condición y también informar públicamente al respecto. El Presidente no tiene mucho margen para descalificar el asalto; su reconocimiento a Julian Assange como el mejor periodista que existe y autor de las filtraciones y del sitio Wikileaks lo contiene, por ello es explicable que el Presidente haya dicho que no habrá investigación o sanción alguna, decisión inaceptable y que acredita irresponsabilidad.

Los militares suman disciplina, lealtad y hasta antes de la revelación, secrecía, como lo muestra el cuidado que, en ausencia del anterior Estado Mayor Presidencial, tienen a su cargo al Presidente y sus cercanos. Sin embargo, lo que ahora empieza a conocerse abre temas a discusión. Seguramente hay asuntos muy sensibles como es la relación entre la Marina y el Ejército, las actividades que corresponden a los civiles y que se realizan por determinación del Presidente. Por cierto, sería de relevancia identificar alguna información asociada a los hechos de Iguala de hace ocho años. Si fue crimen de Estado, como lo presume el subsecretario Encinas, necesariamente habría algún registro que lo confirmará. Algo semejante sucede con la acusación que hiciera la DEA sobre el general Cienfuegos; la ausencia de indicios en ese volumen de información confirmaría que lo señalado por la agencia norteamericana fue una patraña.

No se puede minimizar el golpe que significa la exhibición pública de la información de la Sedena. El hecho merece una investigación propia por la Sedena, por el Gobierno y también otra por el Congreso. No es la dependencia la que está de por medio, tampoco la jerarquía militar o el presidente López Obrador. Lo ocurrido compromete el interés nacional y por lo mismo debe contemplarse con toda la gravedad y seriedad que merece. No faltará quien se regocije por lo ocurrido y la información a divulgar; sin embargo, debe pensarse en la ventaja que esto representará para el país y la soberanía nacional, particularmente para los enemigos más perniciosos, el crimen organizado.