El sistema corruptor del gobierno de México

En su toma de posesión, la presidenta de Morena, Ariadna Montiel, declaró que “Los corruptos no tienen cabida en Morena”. Sin embargo, ¿cómo cumplirá esta promesa? ¿Habrá una investigación? ¿Contra quiénes? ... El partido tiene entre sus militantes icónicos a personajes con negras historias de corrupción. Cortar cabezas no resuelve de tajo el problema –aunque genera una positiva percepción pública de cero tolerancia–, como lo han hecho todos los anteriores presidentes de la república al iniciar su gobierno.

El problema de la corrupción no es de individualidades, sino de un sistema gubernamental y político corruptor, que impulsa a los individuos a beneficiarse en lo personal de las oportunidades de enriquecimiento que se le presenten.

Para ello se han creado ciertos patrones de conducta regidos por la complicidad y la tolerancia.

Sin embargo, ese mito de que los mexicanos traemos la corrupción en nuestro ADN nacional es ofensivo. Curiosamente, cuando salimos de nuestras fronteras, nos convertimos en ciudadanos ejemplares, como lo son nuestros migrantes en Estados Unidos. A los mexicanos nos gusta el orden, pero también sabemos que la influencia social apela al desorden.

El ejercicio de la autoridad gubernamental está orientado para convertir en infractores a los ciudadanos y así poder multarnos y convertirnos en cómplices de los funcionarios públicos y de los actores políticos.

En las altas esferas del poder, el tener en nuestro historial personal acciones constitutivas de delito por enriquecimiento ilícito garantiza no sólo la lealtad frente al gobierno, sino también el silencio frente a los excesos de quienes nos rodean.

Desde que inició su gobierno el presidente López Obrador, todas las obras se convirtieron en asignaciones directas –con alto grado de opacidad– para favorecer a los cercanos y para tener controlados a quienes se quiere corromper.

Hasta el final de la administración del presidente Peña Nieto, había una orientación de la administración pública tendiente hacia la transparencia, la claridad y la certeza jurídica.

La asignación de contratos era por concurso, pero a partir de la administración de López Obrador se transformaron en asignación directa. Todas las grandes obras de López Obrador están protegidas del escrutinio público bajo la figura de “información reservada”, lo cual estimula la corrupción, pero deja en el ámbito gubernamental comprometida la lealtad del beneficiario para con él en lo personal, y para con su proyecto político.

De este modo, la mayor parte de los políticos no tiene las manos totalmente limpias, lo cual los vuelve vulnerables frente a la acción de la justicia y los convierte en incondicionales del régimen en el poder para tener impunidad. La asignación directa era la varita mágica que permitía premiar a unos –enriquecer a los que formaban parte de su círculo personal– y corromper a quienes necesitaba convertir en cómplices.

No es el gobierno de Estados Unidos quien va a venir a resolver nuestros problemas con actitud injerencista, pero sí puede agravarlos con armas económicas que pueden tener alto impacto social y político dentro de nuestro país y crear escenarios de alta inestabilidad social y política. La solución real –que cambie favorablemente el rumbo de este país– debe salir de Palacio Nacional.

Lo primero sería desmantelar el “Sistema Corruptor” que permitió y estimuló la corrupción. Regresar a las licitaciones públicas y penalizar las asignaciones directas.

Focalizar la batalla contra la corrupción y la narcopolítica en la simple detención y juicio contra unos funcionarios públicos y actores políticos icónicos, no resuelve nada si en paralelo no se desmantela el sistema corruptor que seduce a políticos ambiciosos y les permite enriquecerse, para tenerlos controlados bajo la amenaza de acciones judiciales en su contra... o impunidad total a cambio de su lealtad al régimen. ¿A usted qué le parece?

@homsricardo