En camino hacia una igualdad efectiva
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Desde que comencé a estudiar los derechos de las personas con discapacidad me di cuenta de que es un tema que ha tomado relevancia en los últimos años. Con esto me refiero a que apenas en 2008 entró en vigor la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Esta reciente entrada en vigor, desde mi punto de vista, es un suceso tardío si se toma en cuenta que quienes forman parte de este grupo en situación de vulnerabilidad está conformado por personas con necesidades muy específicas a quienes hay que brindarles importancia para garantizar sus derechos de forma efectiva.
El catálogo de los derechos de estas personas es bastante amplio. Esto no por la cantidad de derechos, sino más bien debido a que algunos derechos de los que se hablan en esta Convención son mencionados con poca frecuencia o que simplemente no los vemos garantizados en el plano de la realidad práctica.
Este instrumento internacional nos ofrece una primera definición de lo que se entiende por una persona con discapacidad y que: “incluye a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás”. Esta definición brinda un nuevo paradigma que permite ver de una manera distinta a quienes tienen alguna discapacidad. Las barreras a las que se enfrentan no sólo se derivan de su condición, sino que también son provocadas por quienes formamos parte de la sociedad, pues imponemos obstáculos que interfieren con el disfrute total de sus derechos.
El propósito de la Convención reconfigura la perspectiva social hacia las personas con discapacidad. Ahora, no basta con atender distintas necesidades ligadas específicamente a una discapacidad, sino que hay un nuevo objetivo añadido: buscar una participación por parte de ellos y ellas en la sociedad en la que se desarrollan. Pero, ¿por qué es importante garantizar la participación de las personas con discapacidad en las decisiones sociales? Precisamente debido a que durante muchas décadas las personas que no tenían alguna discapacidad decidían por quienes sí la tenían, tratando de crear, por medio de leyes y políticas públicas, una solución para el fácil acceso a una vida digna.
Se tenía la idea errónea de que este grupo vulnerable no contaba con las capacidades suficientes para decidir en las situaciones que les afectaba de manera directa. Por lo tanto, se les invisibilizó y se suplantó su capacidad para tomar decisiones que les parecían acertadas sin tener un acercamiento verdadero a lo que ellas y ellos querían o necesitaban.
Queda claro que estas estrategias fracasaron estrepitosamente en alcanzar el objetivo, y no porque fueran malintencionadas, sino a que la solución a este problema era bastante simple: brindar las condiciones adecuadas para que mediante la participación las personas con discapacidad dieran sus opiniones sobre la facilitación del ejercicio de sus derechos y libertades fundamentales.
Partiendo de la nueva visión que nos muestra el ámbito internacional, se han realizado cambios en cómo es que se atienden todos los aspectos del grupo vulnerable en cuestión. Es probable que por lo reciente del cambio continuemos adaptándonos y aún encontremos inconsistencias a la hora de dar cumplimiento a las obligaciones.
Podría parecer que se trata de un camino fácil que recorrer para alcanzar el cumplimiento total del contenido de la Convención. A pesar de esto, no es algo que pueda considerarse imposible si realmente nos esforzamos en la realización de la tarea y le damos más importancia a las voces de quienes tienen discapacidad. Debemos tener la humildad de reconocer que podemos aprender mucho de alguien que vive con necesidades distintas a las nuestras y las expectativas que tiene para satisfacerlas.
Como parte de una sociedad consciente, nuestra primera aportación es respetar las políticas públicas que ya han sido creadas. La atención de estas necesidades y brindar condiciones que coloquen en igualdad a todas las personas, especialmente a aquellas con alguna discapacidad, es fundamental y debe convertirse en una realidad. Ejemplo de esto es la obligación de no interferir con el uso de rampas, pues estas facilitan el tránsito por lugares públicos; lo mismo sucede con los cajones de estacionamiento que tienen como finalidad dar un mejor acceso a determinados espacios o lugares.
La participación es sólo uno de los muchos derechos con los que estas personas cuentan. Quise destacar esto debido a que, mediante este, las posibilidades de dar cumplimento a los demás derechos aumentan de manera significativa. Esto no quiere decir que debamos restarle importancia a los demás derechos y libertades fundamentales, todo lo contrario, una vez que sus puntos de vista sean entendidos podremos ser más objetivos en el respeto de la totalidad del contenido.
Por todo lo anterior, es necesario reflexionar sobre si estamos siendo parte de esa sociedad creadora de barreras que no hacen más que dificultar el alcance de una vida digna en igualdad de condiciones o si nuestros pensamientos y acciones son verdaderamente los de seres humanos que se están esforzando para que todos y todas tengamos acceso a oportunidades con las mismas facilidades, tomando en cuenta que existen distintas necesidades y, por ende, distintas respuestas para ellas.
La autora es auxiliar
de investigación del Centro de Educación para los Derechos Humanos de la Academia
Interamericana
de Derechos Humanos
Este texto es parte del proyecto de Derechos Humanos de
VANGUARDIA y la Academia IDH