El presidente Andrés Manuel López Obrador envió ayer al Senado de la República su propuesta de candidatas a ocupar la vacante que dejó en la Suprema Corte de Justicia de la Nación la reciente renuncia de Arturo Zaldívar. La característica distintiva de las nominadas es su estrecha vinculación al partido en el poder.
En términos estrictamente jurídicos, las aspirantes propuestas por el titular del Ejecutivo Federal cumplen los requisitos que, para aspirar a dicho cargo, establece el artículo 95 de la Constitución. Desde esa perspectiva no puede esgrimirse ninguna objeción a sus postulaciones.
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Sin embargo, tanto a Bertha María Alcalde Luján, como a Lenia Batres Guadarrama y María Estela Ríos González puede objetárseles la militancia política en el partido en el poder (Morena), así como la cercanía y/o el parentesco con prominentes figuras de dicho partido.
Bertha María Alcalde, por ejemplo, es hermana de la actual secretaria de Gobernación; Lenia Batres es hermana del jefe de Gobierno de la Ciudad de México y María Estela Ríos es la actual consejera Jurídica de la Presidencia de la República, es decir, una de las funcionarias más cercanas al presidente López Obrador.
Tales hechos, ¿las descartan sin más para aspirar al cargo al cual han sido postuladas? La respuesta es no, pero resulta obligado matizarla: sí pone en duda su imparcialidad como potenciales jueces constitucionales.
En particular, en los casos de Bertha Alcalde y Lenia Batres estamos hablando de dos militantes de Morena que han ocupado cargos públicos estrechamente vinculados al trabajo político, además de que la hermana del hoy Jefe de Gobierno de la Ciudad de México ha sido diputada federal por dicho partido.
Una pregunta básica que debe realizarse ante esta postulación es, ¿cómo habría reaccionado la dirigencia de Morena y el propio López Obrador ante una terna con similares características postulada por un mandatario emanado de otro partido?
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Desde la oposición, quienes hoy militan en Morena han sido particularmente críticos con candidatos a integrar la Suprema Corte a quienes consideran “incondicionales del Ejecutivo”.
En diciembre de 2015, por ejemplo, cuando fueron designados los actuales ministros Norma Piña y Javier Laynez Potisek, los senadores del PRD (antecedente de Morena) y PT argumentaron que la media docena de propuesta remitidas por el entonces presidente Peña Nieto debían ser devueltas al Ejecutivo, “por no garantizar independencia” frente a dicho Poder.
Hoy, sin embargo, las postulaciones del presidente López Obrador podrían ser calificadas exactamente en el mismo sentido.
Frente a tal realidad, ¿tendríamos los ciudadanos que resignarnos ante el hecho de que los gobernantes de todos los partidos sean incapaces de resistirse a las mismas tentaciones, o deberíamos exigir que se tenga mayor congruencia entre el decir y el actuar?
La disyuntiva no parece difícil de resolver.
