¿Es ético para los políticos entregar despensas y apoyos directos?

En días pasados, se removieron las aguas de la política estatal con una serie de posicionamientos de dirigentes y referentes de Morena. El evento que detonó todo fue el video subido por la regidora de Morena en Saltillo y ex candidata a la alcaldía, Alejandra Salazar, señalando el uso partidista y para promoción personal de la entrega de apoyos por parte de la Secretaría de Bienestar Federal.

Mucho se ha dicho desde entonces, yo mismo también di mi punto de vista respaldando a Alejandra, pero ahora quiero abordar un tema que, pienso, es la esencia del asunto y algo que debe ser objeto de reflexión en las filas de Morena y en la sociedad en general. Lo que pretendo es ir más allá de la discusión sobre hechos específicos para ir más a fondo, a las ideas que están detrás de la política, lo que representan y nuestro papel.

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Como una persona metida de lleno en política aun antes de ser mayor de edad, y que recorre permanentemente las calles de Saltillo para hacer justamente política, conozco de primera mano las muchas necesidades que tiene una buena parte de la población. Es común llegar a una casa a hablar de conceptos como neoliberalismo, la reforma al Poder Judicial o la corrupción en los gobiernos del PRI, y encontrarte con situaciones límite que llevan a las personas, obviamente, a estar en otro canal: familias en pobreza crónica o crisis repentinas: sin comida, sin recursos para la escuela, con familiares en la cárcel o atrapados en las adicciones y muchas otras dificultades. Personalmente, cada una de esas interacciones me ha llenado de coraje para avanzar lo más que se pueda en cambiar de fondo las cosas, pero también surge la cuestión de si es ético o no entregar apoyos directos en ese tipo de casos.

Mi valoración es que no es ético, salvo situaciones específicas y a través de mecanismos claros, como podría ser en colaboración con instituciones públicas o privadas con criterios transparentes y no partidistas. Trabajar con instituciones neutrales garantiza que la ayuda llegue sin condiciones. Además, hay otra razón muy fuerte: es imposible para un político particular resolver todos los miles de casos y necesidades diversas que existen en la sociedad de forma directa. Considero mucho mejor opción, en esos casos, ser vínculo con instancias oficiales no partidistas que puedan entregar apoyos. Pero más de fondo: hacemos política porque aspiramos a cambiar las condiciones que llevan a que esa miseria y esas necesidades apremiantes existan, es decir, a lograr mejoras generales para toda la población.

Esto se vuelve evidente al analizar problemas como el transporte público deficiente, los precios de la vivienda disparados, la inexistencia de guarderías públicas y de opciones para la atención de personas con adicciones al alcohol o las drogas, la ausencia de un sistema de salud integrado entre la Federación y el estado, entre otros que afectan a cientos de miles de personas día a día y no hay político, por mucho esfuerzo individual que haga, que pueda solventar ni siquiera un pequeño porcentaje de esos problemas.

Esta crítica no es nueva: desde su origen, Morena ha denunciado el uso de la ayuda social como moneda de cambio político. La tradición en Morena, y más en general en la izquierda en México, ha tenido un enorme recelo contra los apoyos directos y la vinculación de personas a los programas y apoyos oficiales como forma de hacer política, por entender que estos programas crean una cadena de favores, no soluciones reales para que las personas dejen de depender de ellos.

No es casualidad: el PRI, durante décadas, dominó la política en México no a través de convencer a la gente de que era la mejor opción, sino a través de controlar una gran cantidad de aspectos de la vida cotidiana e instrumentarlos para garantizar el voto por ellos: la posibilidad de obtener un trabajo, tanto en el gobierno como en las empresas, se garantizaba a través del control de los sindicatos oficiales; la posibilidad de tener acceso a despensas, leche, tapas de huevo, uniformes escolares, zapatos, útiles escolares, materiales de construcción, pintura y un largo etcétera, dependía en todo México de tener buena relación con las lideresas de colonia del PRI, una situación lamentable que, para vergüenza de una ciudad y un Estado de avanzada en términos económicos y educativos, como Saltillo y Coahuila, acá sigue ocurriendo exactamente igual; incluso temas delicados, de vida o muerte, como lograr atención más rápida o prioritaria en el sistema de salud pública han llegado a depender de que una lideresa bien conectada haga las llamadas pertinentes.

La política, pienso, no puede ser un concurso de a ver quién entrega más despensas. La buena política es identificar cuáles son los intereses comunes a las grandes mayorías, qué fuerzas se les oponen, y plantear claramente las opciones para nuestro estado y nuestra ciudad, para que la gente decida su voto con conocimiento de causa: estudiar mecanismos para tener de vuelta casas a bajos precios y rentas razonables en las ciudades, transporte público de calidad, guarderías, un sistema de salud homologado entre el Estado y la Federación que amplíe la atención al 100 por ciento de la población, agua potable como un derecho y, además, sin discriminación entre zonas, etc. Desde luego, hay fuerzas políticas que se oponen a esos cambios, porque sus intereses se ven afectados: políticos ligados a empresas constructoras y desarrolladoras de vivienda, políticos ligados a empresas de transporte de personal, etc. Por eso, la política no es armonía, sino debate, confrontación y disputa, siempre en el marco de la legalidad y la civilidad, obviamente.

Pienso que ese es el fondo del asunto. El reto es entender que la política no es ni un concurso de popularidad, ni un “trabajo” consistente en entregar la mayor cantidad de apoyos directos posible, sino lograr que cambien de fondo las cosas para que no existan esas necesidades apremiantes y todos podamos vivir mejor: la política sirve para cambiar la vida de la gente.