¿Es oportuna una consulta popular para reformar al Poder Judicial?

Después de la elección presidencial, el debate de la iniciativa de reforma judicial que presentó el presidente de la República representa el primer desafío del sistema judicial en el siglo 21. El reto: ¿cómo se va a llevar a cabo la transformación judicial? El gobierno en transición ofrece el diálogo de la propuesta presidencial. Pero ¿qué significa dialogar la reforma judicial?

El Plan C, en efecto, contempla, entre otros temas, una propuesta de reforma judicial centrada, principalmente, en elegir de manera popular a todos los jueces y generar, además, una nueva forma de gobernar internamente la judicatura del país. Es, sin duda, una agenda pendiente del cambio democrático: avanzar en un poder judicial autónomo, independiente y profesional en beneficio del pueblo.

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Existe una propuesta muy clara con la que, incluso, se hizo campaña por la virtual presidenta electa. El respaldo popular que ganó en las urnas el Movimiento de Regeneración Nacional tiene, por ende, su primer desafío para la nueva legislatura federal. Al margen del contenido final de la reforma judicial −que seguramente se hará porque es un mandato popular para la 4T y que, además, es necesario el cambio estructural−, lo primero sobre lo que hay que ponerse de acuerdo es cómo se debe discutir: ¿en forma elitista o popular?

Sin duda, en una sociedad democrática no sólo se debe deliberar, en clave democrática, quién decide (la mayoría) sino el cómo (deliberación democrática) para saber el qué (independencia judicial). En ese sentido, una reforma judicial de gran calado constitucional es un tema de trascendencia nacional en donde el pueblo se debe expresar de manera genuina, libre e informada. No basta la democracia representativa, es necesaria la democracia directa.

Por supuesto que el pueblo es soberano para definir el cómo organiza el Poder Judicial. Los jueces debemos respetar la esfera política de la mayoría para decidir la visión judicial que ofrecen a la comunidad. Los jueces, como parte de esa comunidad, tenemos derecho a expresar nuestra opinión, pero también la mayoría, en el marco de su actuar, debe respetar ciertas garantías de deliberación mínima, como parte del derecho a vivir en una democracia, para que su decisión no resulte arbitraria e ilegal.

Existen diferentes modelos e instituciones que el constitucionalismo contemporáneo ofrece para organizar el poder judicial, incluso con una perspectiva popular. Debemos discutir las ideas con seriedad. La visión de la 4T nos hace una propuesta. Este gobierno impulsó la constitucionalización de la democracia directa. En 2019, se aprobó la reforma para las consultas populares. Luego, ¿por qué no se promueve una consulta popular para conocer en una votación la opinión del pueblo sobre la reforma judicial?

QUE EL PUEBLO DECIDA

Si nos tomamos en serio que el pueblo decida el Poder Judicial que aspira en este siglo 21, no basta con que se diga que la mayoría ya decidió en las elecciones porque, al final, el voto de la elección presidencial no implicó una deliberación democrática de una consulta popular para la reforma judicial.

Necesitamos, por tanto, hacerle al pueblo una pregunta clara y precisa en un procedimiento de consulta popular. Por ejemplo: ¿estás de acuerdo en elegir, por la vía directa, a los jueces del país bajo este modelo en particular? Y a partir de la consulta hacer un proceso amplio e informado en el país para que toda la ciudadanía tenga derecho a participar y a exponer su opinión, a favor o en contra. Al INE le corresponde organizarlo. A la ciudadanía discutirlo y votarlo.

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El Congreso de la Unión puede hacer la convocatoria nacional. El propio Presidente tiene la facultad de solicitar la consulta popular, su propio partido o la oposición. Si no quieren, la propia ciudadanía puede impulsarla con una solicitud que represente, al menos el 2 por ciento de la lista nominal.

Si somos congruentes con el postulado popular, no es suficiente la representación elitista en el Congreso para tomar la decisión (con diálogo o con un parlamento abierto que escuche a los juristas). Debe ser más amplia la consulta. Necesitamos, en términos constitucionales, una verdadera consulta al pueblo de México para que se pronuncie sobre este gran cambio judicial que, a mi juicio, es necesario para garantizar el derecho a la justicia.

Hay que convocar, pues, a todos los sectores de la sociedad para que deliberen de manera vigorosa el futuro de la justicia que se aspira tener. Hay que deliberar, en cada espacio social para que las personas expongan su opinión y determinar, en una votación popular, si quieren o no tener una reforma judicial como la que propone el presidente actual (o con otras alternativas que se discutan).

Si el pueblo está de acuerdo, sus representantes tendrían que ser congruentes en aprobarla para que sea Ley Suprema de la Unión, con todas las consecuencias, buenas o malas, que en un futuro se generen. Esa es la democracia. Eso es lo que debemos promover y respetar por ser un mandato constitucional.

Y haría una propuesta adicional: este nuevo Congreso electo debería promover el referéndum de las reformas constitucionales o de leyes de trascendencia nacional o regional. Eso le daría un poder mayor al pueblo de México para vincular a su representación política con lo que el movimiento social exige. Sería parte del segundo piso a construir con el pueblo: consultas populares democráticas, sin simulación.

Sin duda, la conversación social de la reforma judicial es una buena noticia para el país. Al final, el pueblo, al ejercer su opinión pública, va perfilando el futuro del pacto social que pretende asegurar en el sistema de justicia.

Desde hace tiempo he escrito, en forma académica y en mi actividad jurisdiccional, de la necesidad de que la ciudadanía participe en la deliberación social de la justicia. Necesitamos, en efecto, una justicia más sensible a la sociedad. Es una buena oportunidad.