¿Es un consejo ciudadano la solución al tema de la deuda?
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En la semana se dio a conocer la conformación del Consejo Ciudadano de Viabilidad Financiera que servirá para, en palabras del gobernador Manolo Jiménez Salinas, tomar el mejor camino para dirigir las finanzas de la entidad.
En campaña, cada que se le preguntaba al hoy gobernador por el tema de la megadeuda, su respuesta era que propondría este consejo para tomar en consenso la mejor decisión respecto a la deuda. Cumplió su promesa, pero, realmente ¿servirá este consejo ciudadano?
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Manolo Jiménez recibió el gobierno con una deuda de 36 mil 185 millones de pesos según la página de la Secretaría de Finanzas. Recibió también una reestructura que se hizo muy en lo oscurito y al 15 para las 12 de terminar el sexenio pasado.
Algunas preguntas que surgen, por ejemplo, es si este consejo decidirá si se hace o no una nueva reestructura o si se opta por otras decisiones que pueden ser costosas políticamente, pero benéficas para las finanzas estatales.
Este año, por ejemplo, según el presupuesto de egresos se destinarán 6 mil 872 millones de pesos al servicio de la deuda, lo que representará el 10 por ciento del presupuesto estatal, de acuerdo con lo documentado por el Consejo Cívico de las Instituciones (CCI) Laguna. En contraparte, el recurso que se destinará a la inversión pública es de apenas 3 mil 916 millones de pesos, el 5.7% del presupuesto estatal para este año.
De entrada, el consejo tiene el reto de transparentar sus sesiones y cuestionar qué tanto lo que se diga ahí será vinculante o si simplemente se reunirán a echar un desayuno y después los funcionarios decidirán.
El problema de los consejos ciudadanos conformados por empresarios y empresarias es que caminan bajo el alambre del conflicto de interés. Sencillo, cómo un empresario que es contratista de gobierno va a negarse o criticar una acción de gobierno. Nunca va a pasar.
Por eso muchos de estos consejos terminan siendo simples entes que sólo legitiman las acciones de gobierno, pero que realmente no tienen intervención que trascienda. El reto será que no se convierta en uno más de los que se crean por crearse.
Por tal motivo sorprendió que en la conformación de este consejo de Viabilidad Financiera no encontráramos a la academia. El gran ausente, sobre todo por un tema que duele como las finanzas públicas, son los investigadores o economistas de la materia, muchas veces olvidados en las aulas.
AL TIRO
Se le da al nuevo consejo el beneficio de la duda, pero este tendrá que estar supeditado a verdaderos resultados y sobre todo a transparentar las decisiones que se tomen. No es suficiente que “representantes” de la iniciativa privada escuchen lo que hará el gobierno como una forma de avalar o justificar decisiones.
Es necesario que haya una verdadera intervención sobre el camino que deben de tomar las finanzas, que se den explicaciones y fundamentos técnicos, algo que se va a extrañar por parte de los académicos expertos.
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No nos vayamos muy lejos. Los comités que se crearon previamente para decidir los destinos del Impuesto Sobre Nóminas siempre fueron opacos, nunca fueron vinculantes al grado que después los exgobernadores no los pelaron. Entraron millones y se decidió al libre arbitrio de los funcionarios.
Los empresarios y empresarias daban declaraciones de falta de reuniones, pero nunca les hicieron caso. Ahora este consejo también tendrá la función de Comité técnico del Impuesto Sobre Nóminas. Esperemos que no sea, pues, otra creación que simplemente justifique acciones que se toman en otro lado.
Encuesta Vanguardia
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