Extraditar ‘capos’ a Estados Unidos, ¿ayudaría a reducir la violencia?

El crimen organizado y la violencia asociada a su actividad constituyen un fenómeno de carácter internacional que no puede ser combatido con eficacia sin la cooperación estrecha de los estados nacionales. La persecución y castigo de los delitos cometidos por quienes integran los cárteles delincuenciales no podrá ser eficaz mientras sea un esfuerzo aislado.

El comentario viene al caso a propósito de la reciente detención en México de Néstor Isidro Pérez Salas, alias “El Nini”, uno de los integrantes de mayor relevancia de la organización conocida como Cártel de Sinaloa, y específicamente de quienes se encuentran en la cúpula de dicha organización: los hijos de su exlíder, Joaquín Guzmán Loera.

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Inmediatamente después de la detención de “El Nini”, el gobierno de los Estados Unidos planteó “la rápida extradición... desde México para que comparezca ante la justicia aquí en Estados Unidos”, a través de un comunicado que recogió la posición del fiscal general de ese país, Merrick Garland.

La defensa de Pérez Salas reaccionó ayer mismo con rapidez y promovió un juicio de garantías para impedir la extradición “fast track”, petición que le fue concedida por una jueza federal.

Previamente, como se ha informado con amplitud, México extraditó a Ovidio Guzmán, uno de los hijos de Guzmán Loera y presunto líder de la organización criminal. Antes había sido extraditado su padre, quien logró fugarse hasta en dos ocasiones de prisiones mexicanas.

Frente a la impunidad con la que actúan los delincuentes y la ineficacia del Estado Mexicano para establecer una clara frontera entre la actividad criminal y la vida civil, lo cual se traduce en un clima permanente del violencia en el país, parece adecuado preguntarse si México debiera plantearse una estrategia similar a la adoptada por Colombia durante el gobierno de César Gaviria.

La estrategia colombiana fue adoptada en medio de un clima de violencia exacerbado por la existencia de cárteles de la droga que actuaban como una suerte de gobierno paralelo e incluso, como ocurrió con el caso de Pablo Escobar, incursionaron en la actividad política logran conquistar bancas en el Congreso Nacional.

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Si bien dicha estrategia tuvo -y tiene- múltiples críticos, sobre todo por la forma en la cual fue implementada en algunos casos, tuvo un éxito relativo en el objetivo de contener la violencia que ahogaba al país. México, todas las proporciones guardadas, se encuentra en una situación similar.

Las extradiciones de Guzmán Loera y su hijo, así como de otros delincuentes en el pasado no ha logrado resultados comparables en México, pero es que tampoco forma parte de una estrategia internacional para combatir la actividad delincuencial.

Valdría la pena, sin embargo, analizar la posibilidad de instrumentar una política similar en una región cuya integración comercial ofrece posibilidades para avanzar en áreas como la de la seguridad.