Fiscalía de Nuevo León: aún debe ‘procurar justicia’

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León (FGJNL) decidió, hace un par de días, emitir el documento con el cual pone punto final al caso penal fabricado en contra del Director General de VANGUARDIA y que condujo, el pasado 9 de enero, a su detención ilegal en el Aeropuerto de Monterrey.

La “opinión de no ejercicio de la acción penal” se emitió 18 días después de que el juez de Control Luis Eduardo Hernández Meza negó a la misma FGJNL la petición de vinculación a proceso que pretendía y ordenó la “inmediata libertad” del directivo de esta casa editora.

TE PUEDE INTERESAR: Aseguradoras: los ‘pretextos’ para incrementar precios

La resolución de la Fiscalía pone fin a la infamia que implicaría mantener abierta una carpeta de investigación que, demostrado ha quedado en el expediente, fue producto de la colusión perversa entre un despacho de abogados, un individuo inescrupuloso y servidores públicos que han decidido actuar de espaldas a sus responsabilidades.

Sin embargo, el acto de la representación social no hace justicia en el caso. Y no la hace porque deja en la impunidad -al menos hasta ahora- a quienes se confabularon -ellos sí violando la Ley y cometiendo delitos- para privar de la libertad a una persona inocente.

El propio Fiscal neolonés, Javier Flores Saldívar, ha dicho que la dependencia a su cargo “podría” actuar en contra de quienes se condujeron con falsedad y activaron el aparato de procuración y administración de justicia de la vecina entidad.

¿Por qué se plantea tal posibilidad de forma condicional?

Resulta inentendible que, frente a hechos que ya no requieren de la aportación de prueba alguna, porque fueron demostrados en una audiencia judicial, se plantee la necesidad de actuar en contra de los confabulados como “una posibilidad”, es decir, como algo que podría no ocurrir.

La inacción de la autoridad en este caso, es decir, el permitir que los apandillados queden en la impunidad, lo único que hace es mantener los incentivos para que la auténtica “industria de la extorsión” que, todo hace indicar, se ha montado en Nuevo León, siga gozando de cabal salud.

No solo eso. El que se plantee solo como una posibilidad el perseguir y castigar a quienes abusaron de sus funciones para fabricar un delito y pervertir a las instituciones públicas con fines aviesos, convoca a sospechar que la cadena de complicidades llega muy alto en la cadena de mando de la Fiscalía y otras instituciones.

No hace falta denuncia alguna; no hace falta ningún tipo de “impulso procesal” para que se armen las carpetas de investigación respectivas y se actúe contra los integrantes de la “banda delictiva” que actuó en este caso, que constituye una mancha indeleble en la historia de las instituciones neolonesas.

Lo que hace falta es un auténtico compromiso con el Estado de Derecho y la determinación para corregir el rumbo de instituciones que han sido colonizadas por quienes, en estricto sentido, son sus enemigos, porque han decidido actuar en contra del interés público y de la ciudadanía a la cual juraron proteger.