Frente a la crisis de Venezuela
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Hace tiempo es evidente el autoritarismo del régimen de Nicolás Maduro. Si Hugo Chávez llegó al poder con el respaldo de una amplia movilización social, gozó del apoyo de la mayoría de los venezolanos y se mantuvo un régimen de libertades, con Maduro es difícil afirmar lo mismo.
Las recientes elecciones en Venezuela despiertan serias dudas, como lo ha señalado el reciente comunicado del Centro Carter, una instancia que ha tenido reconocimiento del oficialismo y la oposición, y al participar como observador concluyó que el proceso no cumplió estándares de integridad, se violaron numerosas leyes y la autoridad electoral actuó con sesgo.
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Con todo, para demostrar que efectivamente hubo un fraude electoral no hay otra alternativa que transparentar el proceso.
Las posturas de la comunidad internacional están divididas: en un extremo está un grupo de países que de forma acrítica reconocen y respaldan a Maduro: Bolivia, Nicaragua, Cuba, Rusia, China, Irán y ciertas naciones del continente africano.
En el extremo opuesto está un conjunto de países, liderados por Estados Unidos, los cuales, junto con Perú, Ecuador, Argentina y Costa Rica, han puesto en duda los resultados oficiales, acercándose a la posición del entonces Grupo de Lima que en su momento respaldó a Juan Guaidó.
La postura del secretario de Estado, Antony Blinken, al salir a reconocer como ganador a Edmundo González y decir que ganó por una “abrumadora mayoría”, es peligrosa y solamente enrarece el ambiente político.
¿A partir de qué información y con qué autoridad pueden unos u otros grupos de países salir a cantar ganadores o perdedores?
Entre estos dos extremos político-ideológicos, es positivo que haya un tercer grupo de países −integrado por Colombia, Brasil y México− que busca erigirse como un instrumento para acercar posturas y promover el diálogo, sin adoptar una actitud injerencista. Esa misma posición es apoyada por el Grupo de Puebla, integrado a título personal por expresidentes y líderes progresistas de la región.
A final de cuentas, promover que se transparente la elección y se exhiban las actas, es el primer paso para esclarecer los resultados. De esta manera, los gobiernos de Petro, Lula y AMLO no se suman al juego de los extremos polarizados que llevan a un juego de suma cero, pero tampoco se prestan a convalidar un posible fraude. Con suerte, también podrían ayudar a que el conflicto político crezca y se agudice la violencia.
Al final, ¿qué otra cosa se puede hacer desde la diplomacia que no sea seguir buscando que las partes hablen, dialoguen y acuerden para lograr una solución pacífica?
Nuestro gobierno no podría actuar de otra manera después de que en 2021 promovió y facilitó que se celebraran acuerdos entre la oposición y el gobierno venezolano. Sin esas negociaciones, posiblemente no hubiera habido siquiera observadores internacionales en las recientes elecciones.
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Claro, algunos cuestionarán de qué sirvió la mesa de negociaciones, ahora que la historia se repite, el madurismo sigue en el poder y no parece dispuesto a dar un paso al costado. La frustración de millones de venezolanos, dentro y fuera del país, es entendible.
Aun así, los acercamientos que ha promovido México pueden evitar que la situación se agrave, pues en Venezuela todo es posible. Parafraseando a Cioran, la situación allí siempre es susceptible de empeorar.
