García Luna: ¿qué más prueba su culpabilidad?

Desde el momento mismo en el cual se conoció el veredicto de culpable en contra del exsecretario de Seguridad Federal Genaro García Luna dio inicio la estrategia para obtener beneficios políticos del hecho, algo que sin duda es válido, pero que no debiera ser lo único que interesara.

Se festina el resultado del juicio como si fuera producto de acciones de las instituciones mexicanas y se soslaya el hecho de que con la condena al ex funcionario de la administración de Felipe Calderón también se ha etiquetado a nuestro país y no solamente a “los gobiernos del pasado”.

Ayer mismo, el presidente López Obrador hizo patente una de sus más caras ambiciones: que García Luna adquiera el estatus de testigo protegido del gobierno de los Estados Unidos, para que diga si recibía órdenes de los expresidentes Vicente Fox y Felipe Calderón.

TE PUEDE INTERESAR: García Luna es culpable; el veredicto en su contra retrata la corrupción en México

Es importante, por supuesto, saber si el exfuncionario actuó de forma independiente o si la complicidad con organizaciones criminales llegó, en la época en la cual actuó como responsable de la lucha antidrogas, hasta el mismo despacho presidencial.

Desgraciadamente, no parece ser la búsqueda de la verdad lo que mueve al presidente López Obrador a expresar su deseo porque García Luna se convierta en informante de una autoridad extranjera, sino el deseo de consumar una venganza de carácter personal.

No se trata de defender o exculpar de antemano a los expresidentes emanados del Partido Acción Nacional, sino de poner el acento en lo importante: si en México existen evidencias de que, quienes ocuparon en el pasado la silla presidencial incurrieron en conductas delictivas, las actuales autoridades están obligadas a actuar en consecuencia y no a asumir la actitud de entes reactivos frente al resultado del trabajo de autoridades extranjeras.

Y aquí es donde resulta indispensable recuperar la evidencia del pasado reciente para señalar que no parece ser el sentido de justicia lo que mueve al presidente López Obrador, pues lejos de cumplir con su responsabilidad -en caso de tener conocimiento de la ocurrencia de un delito-, prefirió organizar una consulta fallida para que “fuera el pueblo” el que decidiera si se llevaba a juicio a los expresidentes o no. El resultado lo conocemos todos.

TE PUEDE INTERESAR: Las noticias más importantes del 22 de febrero en México

No existen elementos pues para considerar que en esta ocasión haya algo más, detrás de las expresiones del mandatario, que el ánimo de destruir políticamente a quien ha ubicado largamente como su peor enemigo. Y un presidente cuya motivación es la venganza no es alguien cuya actividad cotidiana pueda beneficiar al país.

Si se tienen pruebas del involucramiento de cualquier servidor público -del pasado o del presente- en actos delictivos, que se actúe sin contemplaciones ni reservas. Pero si no es así, no solamente se está ocurriendo en un acto de deshonestidad intelectual, sino contribuyendo de modo insano a la perversión de la vida pública del país.

A nadie beneficia eso.