García Luna es culpable; el veredicto en su contra retrata la corrupción en México

“García Luna, quien una vez estuvo en la cúspide de la aplicación de la ley en México, ahora vivirá el resto de sus días reconocido como un traidor a su país y a los miembros honestos de la aplicación de la ley que arriesgaron sus vidas para desmantelar los cárteles de la droga”.

La declaración, formulada ayer por el fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York, Breon Peace, luego de conocerse el veredicto de culpabilidad en contra de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad en México, durante el sexenio de Felipe Calderón, resume bien la sensación que los mexicanos tenemos, en general, respecto de los resultados que el servicio público nos ofrece cotidianamente.

Porque el caso de García Luna es solo uno de los muchos que deberían llevarse a los tribunales bajo la misma premisa: el abandono de las funciones y la traición al compromiso con la sociedad por parte de quienes tienen a su cargo el resguardo de la seguridad ciudadana y, en general, el sistema de procuración y administración de justicia.

Tiene razón, desde luego, el Fiscal estadounidense cuando señala que “es inconcebible que el acusado traicionara su deber como Secretario de Seguridad Pública al aceptar con avidez millones de dólares en sobornos que fueron manchados con la sangre de las guerras de cárteles y las batallas relacionadas con las drogas en las calles de los Estados Unidos y México, a cambio de proteger a aquellos asesinos y traficantes que juró solemnemente investigar”.

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El problema es que no fue -en el pasado- y no es -en el presente- el único agente de la ley o representante de una institución del Estado Mexicano a quien puede achacarse tal conducta. Se trata apenas de una muestra que lleva años siendo exhibida, en un ejercicio que pareciera invitarnos a la resignación, a través de exitosas series de televisión.

García Luna ha sido declarado culpable de todos los cargos que se le imputaron y hoy se encuentra más allá del beneficio de la presunción de inocencia. Seguramente apelará y echará mano de todos los recursos jurídicos a su alcance de aquí a que se emita la sentencia -el próximo 27 de junio- y antes de que esta quede firme. Es su derecho.

Por lo pronto, sin embargo, se ubica en la clasificación de un delincuente a quien las autoridades lograron probarle responsabilidad en los cinco delitos de los cuales se le acusó y eso debería obligar, aquí en México, a desplegar investigaciones serias en relación con las cadenas de complicidad de las cuales sin duda formó parte.

Cabría esperar, desde luego, que tales acciones no se desplegaran solamente con la intención de obtener dividendos políticos sino con la finalidad de reconstruir el entramado institucional que se degradó en el pasado y hoy permanece en situación muy similar.

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Que no sea un gobierno extranjero, sino el nuestro, el que deje clara la prevalencia del imperio de la ley, pues eso es lo único que sí sirve a los intereses colectivos.