INAI: ‘Del derecho a saber a la oscuridad’
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Un reporte investigativo de Mexicanos contra la Corrupción titulado “Sin vigilancia y sin respuestas: ¿qué pasará con las 900 solicitudes diarias que recibe el INAI?” ofrece una radiografía exacta del abismo profundo al cual sería arrojado nuestro derecho a saber una vez desaparecido el INAI.
La fecha de su extinción, con siete órganos autónomos más, estaba prevista para ayer 14 de noviembre. Sin embargo, el diputado morenista Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política, aplazó por una semana la discusión del dictamen para revisar y mejorar su contenido.
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¿Qué va a suceder con la eventual desaparición del INAI? ¿A dónde irán las “900 solicitudes de información al Gobierno Federal” y las “52 quejas dirigidas al mismo porque se niega a entregar la información” cada día?
¿Quién nos compartirá los siguientes datos con igual credibilidad a partir de la desaparición del INAI?
“Mientras en el sexenio de Vicente Fox la ciudadanía promovió un promedio de 157 solicitudes diarias de acceso a la información y protección de datos, en el de López Obrador subió hasta 900 solicitudes diarias.
¿Cómo se distribuyeron esas solicitudes de información en el sexenio de AMLO? La Suprema Corte de Justicia recibió 333 mil 039 solicitudes; el IMSS 215 mil 266 y COPEFRIS 78 mil 456.
“En la administración de López Obrador, los recursos de revisión (por rechazar la entrega de información solicitada por la ciudadanía) promovidos ante el INAI alcanzaron su máximo histórico con 113 mil 610 casos, un incremento del 116.1% respecto al sexenio anterior”.
¿Cómo se distribuyeron esos recursos de revisión durante el sexenio de AMLO? El IMSS recibió 10 mil 448, COFEPRIS 8 mil 991 y la SEP 4 mil 24.
De esta manera, el IMSS rechazó entregar la información exigida por el ciudadano el 4.85% de las veces; mientras la COFEPRIS lo hizo el 11.52%.
Justo es precisarlo, sin embargo, los “sindicatos (72.9%), (los) partidos políticos (91.75%) (y las) instituciones como las Universidades Benito Juárez (85.4%) son los entes con menores respuestas a las solicitudes de los ciudadanos, por lo que son un foco rojo de opacidad”.
Más allá de las impacientes críticas al INAI, ¿quién con la autonomía mínima respecto al Poder Ejecutivo nos brindará la información recién reseñada? O, ¿quién nos abrirá los ojos para elevar nuestra exigencia ciudadana del cómo son utilizados nuestros impuestos, a partir de eventos como los siguientes?
Porque sin el INAI nunca nos hubiéramos enterado de “las siete fosas clandestinas en las que fueron encontrados al menos 196 cadáveres en San Fernando, Tamaulipas (2011)”. O que toda “la información relacionada con la represión del Ejército a los estudiantes que protestaron en la Plaza de las Tres Culturas de Tlateloco debía ser pública”.
Sin el INAI, ¿quién habría ordenado a la FGR que diera a conocer “una versión pública sobre la investigación de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa (2014)”? ¿O que institución nos hubiera enterado de la masacre de Tlatlaya en la cual “civiles, incluidos menores de edad, fueron presuntamente asesinados por el Ejército mexicano (2014)”.
¿Cómo hubiéramos sabido de la red de corrupción que desató la Casa Blanca y la Estafa Maestra durante el sexenio de Peña Nieto? O del escándalo de Odebrecht que “involucró a altos funcionarios del gobierno mexicano que recibieron sobornos millonarios”.
Y, en fecha reciente, sin el INAI, cómo nos hubiéramos enterado del caso de Segalmex y sus 12 mil millones desaparecidos.
En fecha próxima, con la desaparición del INAI morirá también nuestro derecho ciudadano a saber bajo un entorno de transparencia y rendición de cuentas. Ese día, aunque parezca increíble, México se tornará más oscuro todavía.