Insabi: un desastre por donde quiera que se le vea

Una de las decisiones que más le han criticado los especialistas a la administración de Andrés Manuel López Obrador ha sido la creación del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), pues se desmanteló un mecanismo (el Seguro Popular) que, aún con fallas, funcionaba, para colocar en su lugar uno que deja todavía más qué desear.

El señalamiento más relevante que se ha formulado en este sentido es que el Insabi fue creado sólo como un acto de voluntarismo, es decir, que no se elaboró ningún diagnóstico y, mucho menos, una estrategia para lograr el objetivo deseado: alcanzar la cobertura universal en servicios de salud.

Y cuando algo surge así (desde un negocio personal, hasta una institución pública) en muy difícil que funcione, ya no digamos de forma exitosa, ni siquiera de manera regular, tal como ha ocurrido con el referido Instituto.

Pero además de dar malos resultados en materia de atención de la salud de las personas, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ahora lo exhibe como un monumento a la incompetencia administrativa que bien podría convertirse, al investigarse más a fondo los casos, en un auténtico foco de corrupción o, en el mejor de los casos, de negligencia.

De acuerdo con datos de la ASF, de todo el dinero que se le entregó al Insabi en 2020 para atender la pandemia provocada por el coronavirus SARS-CoV-2, dicho Instituto gastó, con algún tipo de irregularidad, ¡el 25 por ciento de dicho presupuesto!, es decir, uno de cada cuatro pesos.

El monto en dinero es escandaloso: 2 mil 561 millones de pesos mal ejercidos en uno de los momentos más críticos de la historia reciente del país. Pero las faltas puntuales señaladas por la ASE son francamente inaceptables: cientos de ventiladores (para atender pacientes graves) que al momento de realizar las auditorías permanecían embodegados; decenas más que se entregaron a los hospitales un año después de haber sido adquiridos y otros más que, aún cuando fueron pagados, nunca fueron entregados por el proveedor.

Además, se detectaron irregularidades en la adquisición de mascarillas KN-95, de las que mas de un millón están “extraviadas”, así como en la contratación de personal para la atención de la pandemia, entre otras cosas.

Muy probablemente los señalamientos que este gobierno ha hecho en relación con el funcionamiento del Seguro Popular sean ciertos, así sea parcialmente. Pero conforme pasa el tiempo y la evidencia se acumula, lo que va quedando cada vez más claro es que el Insabi resultó un remedio peor que la enfermedad, pues no solamente atiende mal a la población sino que es pésimo para ejercer su presupuesto.

Por desgracia, según demuestra de forma contundente la experiencia de los últimos tres años, ninguna rectificación puede esperarse en este sentido, pues frente a los datos duros y los señalamientos derivados de procesos técnicos –auditorías en este caso– lo que se suele contestar es que el Gobierno de la República “tiene otros datos”.

No por ello debe dejar de insistirse en señalar los hechos y dejar constancia de los mismos, pues de otra forma la degradación puede ser todavía peor.