Inseguridad pública: política de Estado

¿Estamos condenados a vivir en la violencia, el desbordamiento criminal y la ausencia de estado de derecho? Por supuesto que no, pero el camino para revertir el avance de la criminalidad plantea grandes retos para el gobierno y la sociedad.

El delito, como conducta humana, es innato a la existencia y formación de las sociedades, pero de ahí a permitirlo o incluso defenderlo hay una gran distancia que México desgraciadamente ha recorrido aceleradamente desde 2019.

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Durante los últimos 100 años, la delincuencia ha evolucionado desde los robos y asaltos, pasando por el tráfico de alcohol, los asaltabancos y los secuestros; hasta llegar al narcotráfico, la trata de personas y la extorsión: crímenes que impactan fuertemente el ánimo de la sociedad.

Los instrumentos jurídicos, materiales, tecnológicos y organizacionales con que cuenta el Estado han sido desbordados y destruidos por el propio Ejecutivo. La Policía Federal ya no existe, la Guardia Nacional creada en este sexenio es, ha sido y seguirá siendo una institución militar, compuesta por militares con licencia que no han perdido su condición castrense. Los civiles que quedaban fueron jubilados o retirados bajo la acusación de corrupción. El resultado ha sido un incremento histórico de homicidios con más de 156 mil y un porcentaje de impunidad de 98 por ciento. Es tal el descaro de la delincuencia que, en su afán por acallar los crímenes, asesinan a las madres buscadoras de los desaparecidos, cuyo número total se desconoce.

El artículo 21 constitucional es muy claro, la Guardia Nacional es una institución absolutamente civil, no militar, y debe estar integrada por policías civiles. Por ello, la SCJN resolvió que el gobierno viola la Constitución y debe apegarse a los términos que ésta señala, un reto difícil de cumplir en el tiempo que le resta al Presidente.

Tampoco la militarización de la administración pública ha logrado restablecer la seguridad. Localidades y regiones completas del territorio nacional están bajo el dominio de alguna de las 150 bandas de maleantes que disputan las plazas y desatan matanzas y episodios de terror, incluso a la luz del día.

Hoy las fiscalías están más ocupadas en acosar opositores políticos que en perseguir criminales, los cuales parecen estar bajo el cobijo del gobierno que además facilita el lavado de dinero a través del Banco del Bienestar e intentó el manejo de dólares en efectivo por parte del Banco de México; además de proponer un pacto social de impunidad con los causantes de la violencia. Mientras, el abandono de la población diluye cada vez más una de las principales razones de ser del Estado: garantizar el derecho a la seguridad de los mexicanos.

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Resolver el abandono de la seguridad pública requiere crear una policía profesional moderna y resistente a la corrupción, para lo cual se deben insertar políticas de estado que sólo puedan modificarse por el constituyente con porcentajes muy difíciles de alcanzar. Eso permitiría proteger las instituciones policiacas y otras, de ejecutivos con aspiraciones dictatoriales.

Confiado en que 2024 traerá un triunfo que le dé poder absoluto del Congreso, el plan del Presidente es modificar la Constitución para darle un carácter absolutamente militar a la Guardia Nacional, cometiendo los mismos errores y arrojando los mismos resultados. El reto para la sociedad será lograr que el Congreso tenga una composición plural y el próximo presidente, sea del partido que sea, se vea obligado a dialogar para devolver la república a las mejores prácticas democráticas de debates, tolerancia y análisis de la problemática nacional.

AMLO ya dejó ver que en 2024 buscará demoler la Corte y al INE, conservando sus escombros junto con los de otras instituciones derruidas, para ceñirle a su autarquía un atuendo de democracia. En el ejercicio electoral del próximo año está en juego la supervivencia del México libre, ¿será posible la derrota electoral de Morena? Nuestro voto habrá de decidirlo.

@irmoralesl

El autor es notario, exprocurador General de la República