Inseguridad y sanción social

La fuerza de la opinión pública y la publicada es relevante para toda democracia. Es entendible la pretensión de quien gobierna hacerlo bajo sus propias ideas y premisas, más cuando no hay equilibrios institucionales, especialmente el contrapeso del Congreso. La virtud mayor de la democracia está en el escrutinio crítico al poder, una forma de sanción social para castigar con opinión adversa a quien toma las decisiones. En perspectiva es una fórmula que mejora el ejercicio de gobierno.

Uno de los problemas más evidentes en el contexto del país es la virtual inexistencia de la sanción social. La popularidad del presidente ha servido de coartada para no rendir cuentas bajo la discutible tesis de que las cosas están bien porque la ciudadanía está satisfecha, cuando en realidad lo que ocurre es que la propaganda oficial y la connivencia de las élites, además de la debilidad de la oposición, explica el ascendiente presidencial sobre la población.

Uno de los temas de mayor impacto en el bienestar es el de la seguridad y la certeza de derechos, especialmente el de la vida y la propiedad. Obvio decir que la responsabilidad de toda forma de autoridad es salvaguardar los derechos de las personas y las familias. Los resultados de la estrategia gubernamental en la materia, si es que se puede calificar como tal, es simplemente desastrosa. Los números así lo demuestran a contrapelo de la manipulación que se hace en las conferencias presidenciales matutinas.

Las ejecuciones, las masacres, los feminicidios, hechos criminales tan abominables como el asesinato de menores o para el caso concreto de los dos sacerdotes jesuitas en la Tarahumara no alteran la opinión sobre el presidente. La sociedad está indefensa por causa propia y también porque los factores de contención al abuso del poder no están funcionando. Los medios de comunicación han sido gradualmente colonizados, especialmente en el segmento informativo. La opinión crítica o independiente es hostilizada abiertamente por el Presidente. La libertad de expresión no pasa por su mejor momento, más por autocensura que por lo que el poder haga debajo la mesa.

En el caso de los sacerdotes asesinados el pasado lunes el presidente López Obrador ha tenido un desempeño lamentable, no peor que otras declaraciones que ponen en entredicho la voluntad del gobierno para cumplir con su obligación de acreditar legalidad y castigar al criminal. En el caso particular, remite a la instancia local la investigación, justo lo mismo que hizo Peña Nieto en el caso de los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala. No se advierte o no les importa que la noticia haya dado vuelta al mundo, que la gravedad de los hechos amerita que el fuero federal atraiga la investigación y que el compromiso no se limite a la entrega de los cuerpos de los asesinados, sino que sean detenidos los responsables y sometidos a la acción de la justicia, asimismo, que juntamente con la gobernadora Maru Campos, se defina una estrategia para la recuperación de la zona del crimen organizado.

La cuestión es que la sanción social no existe y cuando quien gobierna privilegia popularidad sobre responsabilidad difícilmente habrá una modificación a las políticas públicas que no están funcionando. De hecho, el Presidente reitera su convicción sobre la virtud de la premisa de abrazos no balazos y aquello de que la violencia no se combate con violencia, lo que iguala a las fuerzas del orden con la de los criminales y pone a la población civil a merced de los delincuentes más crueles y sanguinarios, como ocurrió en la Tarahumara y todos los días en muchas partes del país.

Lo peor de todo es que la recurrencia de los hechos delictivos se vuelven parte del paisaje y, por lo mismo, se pierde capacidad de indignación y de reclamo. Lo que ocurre no es un accidente ni es una maldición por los pecados del pasado, es resultado de la negligencia de las autoridades si no es que complicidad, implícita o explícita. Llega el momento de exigir al presidente una revisión de la política de seguridad y que las autoridades cumplan con su responsabilidad ineludible respecto a la legalidad y la procuración de justicia.