La batalla por los libros de texto; ¿es jurídica?

La polémica originada por el contenido de los nuevos libros de texto que ordenó la Secretaría de Educación pública no solamente no se ha disipado sino que subió de tono. Al menos en Coahuila, donde el Gobierno del Estado y la dirigencia local de Morena ya anunciaron el inicio de una disputa legal alrededor del tema.

Del lado del Gobierno, el secretario de Educación, Francisco Saracho, anunció ayer la interposición de una controversia constitucional en contra de la decisión de la SEP de modificar todos los libros del nivel básico de educación, sobre todo a partir de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación frenó la distribución de dichos libros en Chihuahua, luego que la gobernadora Maru Campos promoviera un recursos similar.

Del lado de Morena el dirigente estatal, Diego del Bosque, aseguró que dirigentes y militantes de dicho partido en Coahuila promoverán amparos en contra de la decisión de las autoridades educativas locales de suspender la entrega de los libros al inicio del próximo ciclo escolar.

Una y otra parte hacen bien al plantear la resolución de este diferendo por la vía jurisdiccional. Y es que, además del inevitable manoseo político del tema, existen aspectos constitucionales y legales de suma relevancia que deben ser zanjados por un juez.

Lo anterior es necesario, sobre todo, para evitar que en el futuro próximo se repita un episodio como éste que, independientemente de la sentencia que se dicte en los tribunales, tendrá un alto costo para el país.

Y es que más allá de las diferencias que han sido expresadas a partir de convicciones ideológicas -e incluso a partir del desconocimiento- se encuentra el hecho de que la Constitución y las leyes contienen indicaciones muy claras respecto de la ruta que debe seguirse para elaborar libros de texto.

La integración de consejos y paneles de expertos, la posibilidad de que los contenidos sean ampliamente revisados antes de que se ordene la impresión masiva, así como la realización de pruebas piloto son algunos de los pasos que no se respetaron en esta ocasión.

Además de lo estrictamente procedimental existe una controversia de fondo: la definición del modelo educativo, es decir, la ruta a seguir para garantizar que nuestros hijos adquieran los conocimientos necesarios y desarrollen las habilidades indispensables para enfrentar la vida en el mundo de hoy.

No estamos hablando de un asunto menor y por ello es relevante que quienes tienen la posibilidad de hacerlo decidan seguir la ruta institucional en el proceso de zanjar sus diferencias. Dejar las cosas claras en esta ocasión no solamente tiene que ver con el presente sino también con el futuro durativo del país entero.

Cabría esperar, desde luego, que al someterse al arbitrio de los tribunales, ambas partes se comprometan también a respetar la decisión que se tome en relación al caso y a someterse al fallo judicial. Porque se trata de resolver una disputa jurídica, no un diferendo político.