La charola de 1984: Un pacto de impunidad entre funcionarios con criminales
Una credencial de 1984 ejemplifica la fortaleza de la complicidad entre funcionarios y criminales, y la tolerancia de los presidentes mexicanos con ella.
A los pocos días de que los capos del Cártel de Guadalajara asesinaran a Enrique Camarena, agente de la DEA, Fernando Ortega informó en Proceso que “las credenciales que identificaban a Caro Quintero y a sus pistoleros como agentes de la Dirección Federal de Seguridad (DFS) de la Secretaría de Gobernación estaban vigentes y firmadas por el entonces todavía director de esta corporación, José Antonio Zorrilla” (15 de abril de 1985).
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No obstante lo informado, nunca nadie pudo ver una de las popularmente llamadas “charolas”. Cuando después de décadas el asunto se olvidó, me encontré casualmente con ese objeto deseado por los cazadores de la verdad documentada.
Sucedió en 2021, mientras leía la tesis doctoral de María Teresa Martínez Trujillo sobre formas de extorsión y protección a empresarios en Guadalajara (Sciences Po, 2019). En ella se reproducía de manera bastante legible una credencial de la Dirección de Investigaciones Políticas y Sociales (IPS) que acreditaba a Ernesto Fonseca Carrillo (Don Neto) como investigador de esa dependencia. La académica citaba un reportaje de El Informador de Guadalajara de abril de 1985. Desafortunada y comprensiblemente, el diario mantenía el anonimato de quienes cubrían esos temas.
La credencial está fechada en diciembre de 1984 y la firman el director de la IPS, Óscar De Lassé, y el director general de Gobierno, Fernando Elías Calles (nieto de don Plutarco). Ambos eran gente de Manuel Bartlett, el secretario de Gobernación que logró mantenerse en el cargo después de transformar en chivo expiatorio al director de la DFS, José Antonio Zorrilla Pérez, quien estuvo encarcelado entre 1989 y 2013 acusado de ser el autor intelectual del asesinato del periodista Manuel Buendía en 1984. Zorrilla jamás dio detalles sobre la protección a los narcotraficantes.
Lo más revelador del caso es la conducta del presidente De la Madrid, que como candidato prometió una renovación moral para desdecirse por la vía de los hechos cuando llegó al cargo: mantuvo en su gabinete a Manuel Bartlett y le permitió proteger a De Lassé, a quien hizo director del Sistema Nacional de Información Política y Electoral (SNIPE), una oscura dependencia que tuvo un papel central en la famosa caída del sistema durante las fraudulentas elecciones presidenciales de 1988. De Lassé acompañaría a Bartlett en su largo periplo en las cúpulas del poder.
Ni Bartlett ni De Lassé dieron jamás explicaciones sobre las formas como la DFS y la IPS protegieron al Cártel de Guadalajara. Tampoco el presidente De la Madrid se refirió al asunto en las 67 veces que menciona a Bartlett en unas memorias distantes, de prosa fría y aséptica (“Cambio de Rumbo”, FCE). Sólo expresa irritación con ese funcionario por el desaseo con el que manejó las elecciones; nada sobre la protección a los capos.
El 1 de diciembre de 2018, Bartlett fue nombrado director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por el presidente Andrés Manuel López Obrador. En agosto de 2019, Areli Quintero y Carlos Loret de Mola difundieron por W Radio un reportaje sobre su fortuna, superior a los 800 millones de pesos, cuando había manifestado 51 millones de pesos en su declaración patrimonial. En junio de 2021, la revista Proceso publicó otro reportaje sobre la presunta participación de Bartlett en el asesinato de Camarena.
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En ambas ocasiones el presidente Andrés Manuel López Obrador salió en su defensa en las mañaneras. Llegó incluso a retar a sus críticos: lo que quieran con Bartlett “es con el Presidente”, porque “yo lo nombré”. Ante tales palabras era de esperarse que la entonces secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, exonerara a Bartlett con una investigación de 29 cuartillas; un texto lamentable por su superficialidad.
La “charola” de 1984 es el dintel que da acceso a la laberíntica complicidad de algunos funcionarios con criminales. En lugar de investigar, transparentar y deslindar lo acontecido, dos presidentes prefirieron desentenderse de las verdades incómodas. Los pactos de impunidad que empoderan a la violencia criminal se envuelven en sudarios de silencio.
¿Los rasgará la próxima presidenta?
Colaboró Sebastián Rodríguez
