La corrupción es un delito

Pareciera evidente, pero en la práctica no lo es. En un mundo normal no sería necesario repetirlo, pero ante el rotundo fracaso del combate a la corrupción, toca regresar a lo básico: la corrupción es un delito. Sí, un delito. Conviene aclararlo y recordarlo, porque cuando un acto ilícito deja de tratarse como tal, deja también de tener consecuencias.

La corrupción pertenece al ámbito del derecho penal y, como tal, amerita investigación, procesamiento y sanción. Es un comportamiento tipificado que debe enfrentar consecuencias proporcionales dentro del sistema de justicia. Todo lo demás: discursos sobre valores, llamados a la ética pública, campañas de concientización, puede acompañar, pero jamás reemplazar la función central del Estado en este tema: perseguir y castigar el delito.

Aquí es donde la obviedad se rompe. Porque si bien en el discurso se reconoce que la corrupción es ilegal, en la práctica se le trata como una falta difusa, casi administrativa, sujeta a interpretaciones políticas o morales. Se discute, se condena en tribuna, se utiliza como arma retórica, pero rara vez se traduce en expedientes sólidos, sentencias firmes y sanciones ejemplares. La consecuencia es predecible: la corrupción no desaparece, se adapta; se vuelve sistema, es el sistema.

Las recientes declaraciones de la Presidenta de la República, al señalar que en Estados Unidos también hay corrupción, son ciertas. Nadie serio podría sostener lo contrario. Como también es cierto lo expresado por el embajador de Estados Unidos en México durante la apertura de una planta en Sinaloa, al subrayar que el combate a la corrupción y la certidumbre jurídica son condiciones esenciales para la inversión. No hay contradicción entre ambas afirmaciones. La hay, en cambio, en la forma en que cada país enfrenta este fenómeno.

Porque el punto no es si existe corrupción –existe en todas partes, como los homicidios o los robos a casa-habitación–, sino qué ocurre cuando se detecta. En Estados Unidos, con todas sus imperfecciones, el sistema de justicia penal opera con un nivel de eficacia muy superior y suficiente para generar consecuencias reales. Hay investigaciones, hay procesos, hay sanciones. No siempre, no en todos los casos, pero sí con la consistencia necesaria para que la ley tenga peso. Ese “bien que mal” es lo que marca la diferencia. El que la hace la paga, si es que te cachan, claro está. A ello se suma el famoso deterrence: la disuasión del delito mediante golpes simbólicos y casos emblemáticos que envían un mensaje claro a la sociedad en general.

En México, en cambio, el problema es estructural. Con niveles de impunidad que rondan el 98 por ciento y con un 92 por ciento de delitos que ni siquiera se denuncian, el mensaje es devastador: delinquir, en la práctica, no tiene costo. Y cuando no hay costo, el delito deja de ser excepción para convertirse en incentivo. La corrupción prospera no porque sea culturalmente aceptada, sino porque institucionalmente no es castigada.

De poco sirve entonces insistir en comparaciones superficiales. Decir que “allá también pasa” no cambia el hecho de que aquí no pasa nada. Y ese “nada” es, precisamente, el núcleo del problema. Mientras la corrupción no sea tratada como lo que es, un delito que amerita consecuencias penales, cualquier estrategia anticorrupción seguirá estando incompleta.

Esto tiene implicaciones que van más allá del debate público. La falta de sanción no sólo erosiona la confianza ciudadana, también impacta directamente en la economía. La inversión no huye de la corrupción per se, porque sabe que es un fenómeno global; huye de la incertidumbre, y esta nace cuando las reglas no se cumplen, cuando los contratos no se respetan y cuando los conflictos no se resuelven conforme a derecho. En otras palabras, cuando el sistema de justicia no funciona.

México lleva años diagnosticando el problema, pero evita tocar su raíz. Se habla de corrupción en términos amplios, se convierte en tema de agenda, se le asigna carga simbólica, pero no se fortalece lo esencial: las capacidades del Estado para investigar y sancionar. Sin fiscalías eficaces, sin policías de investigación profesionales, sin jueces independientes, la ley se vuelve una aspiración y no una realidad. Un catálogo de buenas intenciones.

Volver a la obviedad inicial no es un ejercicio retórico; es una necesidad. La corrupción es un delito. Y como todo delito, requiere consecuencias. No bastan los discursos ni las comparaciones. Lo que hace falta es un sistema que funcione.

Hasta que eso ocurra, México seguirá atrapado en una contradicción incómoda: sabe perfectamente cuál es el problema, pero se resiste a aplicar la solución más básica. Y en esa resistencia, la corrupción encuentra su mejor aliado.

Facebook: Chuy Ramírez