La Masacre de Allende y el colmo de la impunidad

Lo que hoy conocemos como la “Masacre de Allende” inició hace 14 años con la primera incursión de los asesinos conocidos como Los Zetas, el 18 de marzo del 2011, cuando un convoy llegó con cientos de sicarios a ese municipio y atacó a su población con una violencia jamás vista en esa región. El asedio duró varios días con la anuencia gubernamental. La masacre alcanzó a 285 víctimas en los municipios de Allende, Nava, Zaragoza, Múzquiz, Acuña, Piedras Negras y Monclova, sin importar que se tratara de mujeres y niños. Se trató de una saga sangrienta como las matanzas de Acteal y San Fernando, como el crimen de los normalistas de Ayotzinapa. Y según las cosas, la Masacre de Allende es la de mayor impunidad.

Y es que Los Zetas se adueñaron de Coahuila gracias a la omisión, permisividad y colusión de autoridades locales, estatales y federales. Tales mandos incluyen alcaldes, gobernadores y funcionarios federales. Pero el hilo se rompió por lo más delgado, los policías municipales de Allende entre los cuales está una mujer llamada María Guadalupe, sentenciada a 174 años de cárcel. Lo más delgado de ese hilo se rompió por lo más frágil, una mujer que hoy carga todo el peso de lo que muchos consumaron, entre sicarios y funcionarios venales y corruptos, hoy libres y en la impunidad.

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La Masacre de Allende fue un crimen de Estado porque fue consumada con la complicidad de las autoridades de entonces; el gobernador Jorge Torres, el alcalde de Allende, Sergio Lozano y lo más lamentable como fue la omisión de los militares, el abandono de las víctimas que clamaron en su auxilio, de la indiferencia de la guarnición militar de Piedras Negras cuyo comandante era Luis Cresencio Sandoval, que ascendió a secretario de la Defensa con López Obrador y la causa principal por lo que se mantendrá la impunidad.

Asimismo, dado el despliegue de sicarios que por varios días asolaron al norte de Coahuila más el mido impuesto en la capital, nuestra entidad vivió meses sin ley y en la zozobra, donde las instancias militares, como sus elementos de la Sección Segunda del Estado Mayor, eran testigos del terror zeta que nos invadió por una traición de la policía federal de Felipe Calderón cuya complicidad con el cártel desató la masacre.

¿Qué hicieron nuestras autoridades cuando ocurrió el exterminio? Imagine usted la noche iluminada por el fuego de las armas, de los incendios en casas y ranchos, las piras humanas y las luces de cientos de camionetas secuestrando a sus víctimas hasta llegar a Piedras Negras donde el gobernador Jorge Torres, máxima autoridad en el estado, disfrutaba en el Casino Nacional de una fiesta pomadosa junto al comandante militar Luis Cresencio Sandoval y el alcalde de Piedras Negras, Óscar López Elizondo. Según testimonios, el gobernador huyó a Saltillo, el alcalde López se escondió en Eagle Pass y el general Sandoval se acuarteló en la guarnición militar dejando a la ciudad en manos de los asesinos.

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¿Cuál es el colmo de la impunidad? Que fotos y objetos personales de Jorge Torres se exhiban en el museo de palacio como si fueran reliquias de una época gloriosa, de una heroica epopeya que debe ser recordada en la posteridad. Asimismo hay sombreros, chalecos, guayaberas y lentes de Humberto y Rubén Moreira y también unas pantuflas de Miguel Riquelme. Ya veremos qué declaran Miguel y Omar Treviño Morales, Z-40 y Z-42, de sus nexos con políticos de Coahuila.