La paradoja en la medición de las sanciones administrativas
La métrica del número de sanciones no evidencia necesariamente eficiencia gubernamental, más bien deja ver que muy probablemente no se está acudiendo a las acciones que deben antecederles, convirtiendo a las sanciones en un verdadero paliativo
Las autoridades de los tres niveles llegan a cometer un error de interpretación de indicadores de gestión, al calificar como un éxito de la función pública un número abultado de sanciones administrativas, cuando en realidad el dato arroja una lectura muy distinta.
Sin embargo, el sesgo interpretativo puede ser comprensible, ya que tradicionalmente se ha privilegiado la imposición de sanciones por encima de la socialización de las obligaciones de interés público, así como de la planeación participativa de estos temas.
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Esto estriba en que las sanciones administrativas son una medida coercitiva que, ante la falta de convencimiento y, en consecuencia, de la voluntad en el cumplimiento de una obligación, la autoridad no tiene otro recurso más que forzar la voluntad a través de ellas.
Es evidente que la alternativa, históricamente, no ha sido sencilla. La lejanía entre la voluntad ciudadana y el cumplimiento por convicción de las obligaciones de interés público hace que –para evitar detener o ralentizar la acción gubernamental– se opte por sancionar.
Tanto se ha normalizado la imposición de sanciones que hemos llegado a considerarle como una actividad rutinaria de la autoridad administrativa, cuando debería ser una acción excepcional, aplicable sólo hasta que se han intentado y agotado todas las demás opciones.
Peor aún, las sanciones se han convertido en algo tan cotidiano que, para que estas logren desincentivar efectivamente conductas contrarias al bien común, la autoridad aumenta con frecuencia sus montos, con la esperanza de que un aumento ejemplar logre el cometido.
Si a ello sumamos que en muchas ocasiones los actos administrativos que imponen las sanciones adolecen de deficiencias en sus elementos de validez –ya no digamos de existencia– la impugnación de éstos retrasa aún más su eficacia y compromete su propósito.
Es por ello que la métrica del número de sanciones no evidencia necesariamente eficiencia gubernamental, más bien deja ver que muy probablemente no se está acudiendo a las acciones que deben antecederles, convirtiendo a las sanciones en un verdadero paliativo.
Si consideramos que, particularmente en la actualidad, la estadística gubernamental es la forma de acreditar y comunicar la eficiencia y la eficacia en la función pública, los aumentos significativos en su imposición se convierten en un insumo de la narrativa administrativa.
Para erradicar esa mala práctica, tendríamos que comenzar por evitar confundir actividad con productividad. Realizar muchas acciones, estar ocupado todo el día, no necesariamente significa que se esté realmente atendiendo y resolviendo algún problema.
Una analogía útil para visualizar lo anterior sería el que el sistema de salud celebre un aumento en las amputaciones por diabetes. Un número elevado revela la falta de eficacia del sistema en sus acciones de medicina preventiva, así como en la educación nutricional.
Igualmente, conviene comprender que las sanciones se aplican cuando es ya demasiado tarde para evitar la conducta que les dio origen. Es decir, la imposición de una sanción hace evidente que el daño al interés público ya ha sucedido, pudiendo llegar a ser irreparable.
Se podría además llegar a victimizar desde la función pública a la ciudadanía, cuando las sanciones son consecuencia de la ineficacia en la atención administrativa de un tema. Habría, por supuesto, de analizarse cada caso en concreto para saber si esa fue la causa.
Se ha llegado al extremo de proyectar dentro de los ingresos anuales metas de recaudación por multas. Esto crea un verdadero absurdo que consiste en depender del incumplimiento ciudadano para lograr que cuadren las cuentas de la autoridad del nivel que corresponda.
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Esto llevaría incluso a que la persona que actúa como servidor público pase de ser un agente público enfocado en el cumplimiento del marco legal a convertirse en un cazador de faltas o hasta de errores, debilitando su función preventiva por favorecer la recaudación.
Una alternativa con la que ya contamos en municipios como Saltillo es la Justicia Cívica, que permite conmutar sanciones económicas por trabajo comunitario. Al eliminar el carácter recaudatorio se manda un mensaje mucho más contundente y eficaz.
Vale mucho la pena hacer el ejercicio de reflexionar sobre los instrumentos coercitivos con los que cuentan nuestros gobiernos. Redescubrir su propósito podría evidenciar que estamos errando el camino.
Priorizar el convencimiento por encima del condicionamiento nos acerca más a un futuro posible.
