La simulación preelectoral, donde todo queda fuera de la legalidad
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El cinismo y la simulación se han apoderado de los actores políticos al iniciar de forma anticipada el proceso electoral del próximo año –que para todos los efectos empieza en noviembre– y actuar peligrosamente por fuera del marco legal.
Morena ha recurrido a una maroma de triple dificultad, al argumentar que está eligiendo al coordinador de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, aunque todos sabemos que está eligiendo a su candidato presidencial.
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Y aunque los líderes de la oposición criticaron la anticipación del oficialismo, han terminado por hacer algo similar, escudándose en la figura del frente político que no exime de ajustarse al calendario.
Las autoridades electorales han admitido que tanto el oficialismo como la oposición inicien precampañas como si se tratara de meros “procesos autoorganizativos” al interior de los partidos.
Pasamos de tener un INE hiperprotagónico y con una agenda política propia −como la de Lorenzo y Ciro− a un consejo general tibio en sus decisiones y que no hace cumplir la ley. Tanto el INE como el Tribunal Electoral han terminado por convalidar un tramposo juego de palabras, una simulación.
Pero el asunto es mucho más grave que un simple tema de tiempos, a los que hoy todos se adelantan. El tema de fondo es que, al no considerar lo que hoy están haciendo los partidos como actos de precampaña, casi todo queda fuera de la legalidad.
Y en ese terreno lo más grave quizás es que la autoridad electoral no podrá fiscalizar más que de forma cosmética y acaso tardía los gastos de precampaña. Se escapa así uno de los elementos más importantes que toda democracia debe mantener a raya: el poder del dinero.
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El gasto opaco e ilimitado de recursos que estamos viendo tendrá graves consecuencias, en la medida en que los potentados podrán seguir perpetuando un modus operandi donde se aseguran contratos, adjudicaciones, concesiones y hasta protección en el ámbito judicial.
Dentro de este esquema anticipado, además, los grandes consorcios televisivos están de plácemes en la medida que recuperan una parte del poder que perdieron con la reforma que prohibió la contratación de propaganda electoral en radio y televisión. No es extraño que empecemos a ver el retorno de las coberturas noticiosas en función de la cantidad de recursos que llegan a favor de uno u otro precandidato.
En el más reciente libro de mi autoría, “Traición en Palacio”, describo cómo Julio Scherer Ibarra, al recaudar fondos para la campaña de 2012, pidió donaciones al empresario Julio Villarreal, y a quien años más tarde habría buscado favorecer con la venta de Caja Libertad y Altos Hornos de México.
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En esta misma investigación un empresario chihuahuense al que entrevisté asegura haber sido uno de los donantes de Morena en la campaña presidencial de 2018, y hace una prístina descripción de la forma en que opera ese esquema reproducido por todos los partidos políticos, donde los donantes aspiran a obtener contratos o beneficios hasta diez veces superiores al monto de su “inversión” en la contienda.
Ante una legislación fantasiosa, donde los topes para donaciones privadas son sumamente bajos, todo es simulación, mientras que este tipo de donaciones terminan por generar una enorme distorsión política. Transparentar y limitar esto de forma realista será clave para evitar un retroceso democrático y que la Cuarta Transformación se convierta en la Cuarta Deformación.
