Pocos acuerdos, muchas amenazas
Después de décadas de trabajo, muchos mexicanos temen que su pensión no alcance para vivir con dignidad. Para muchos de quienes comenzaron a cotizar antes de julio de 1997, la Modalidad 40 del IMSS ha sido una herramienta para mejorar sus condiciones de retiro. Permite seguir cotizando por cuenta propia, sumar semanas y elevar el salario promedio para la pensión.
Esa posibilidad acaba de sufrir una restricción considerable. El Consejo Técnico del IMSS aprobó un acuerdo, publicado el 21 de octubre, por el cual quienes se incorporen o reincorporen bajo las nuevas reglas sólo podrán cotizar con su último salario registrado, o hasta ese monto más una Unidad de Medida y Actualización (UMA). Antes podían elegir un salario superior, hasta el tope legal. Quienes ya estaban inscritos conservan las condiciones contratadas hasta que concluya su periodo.
Pensemos en una persona cuyo último salario base fue de 20 mil pesos mensuales. Antes podía optar por cotizar con un salario considerablemente mayor, incluso de 60 mil u 80 mil pesos, asumiendo personalmente el costo de las cuotas correspondientes. Con las nuevas disposiciones, sólo podría incrementar su salario de cotización en aproximadamente 3 mil 566 pesos mensuales, es decir, hasta 23 mil 566 pesos. Si bien la pensión también depende de las semanas cotizadas y de la edad de jubilación, esta restricción reduce significativamente las posibilidades de mejorar sus ingresos durante el retiro.
El problema va más allá de un trámite. México enfrenta el desafío de una vejez en la que los gastos de alimentación, vivienda y salud no desaparecen cuando termina la vida laboral. Si se estrechan las opciones para construir una mejor pensión, más personas podrían llegar al retiro con ingresos insuficientes, depender de sus familias o prolongar el trabajo por necesidad. La sostenibilidad financiera del Seguro Social importa; también importa la sostenibilidad de la vida de sus pensionados.
La presidenta ha hablado de irregularidades y posibles fraudes. Deben investigarse, documentarse y sancionarse. Pero combatir conductas ilegales no debería traducirse automáticamente en limitar las posibilidades de quienes cumplen con sus obligaciones y pagan sus aportaciones.
Existe además una cuestión que corresponde revisar al Congreso. El artículo 218 de la Ley del Seguro Social reconoce la posibilidad de continuar cotizando con el último salario o uno superior. ¿Puede un acuerdo administrativo reducir esa opción sin modificar la ley? El IMSS ha ordenado un estudio actuarial que aún no concluye. Sus resultados y los efectos de la restricción deben hacerse públicos.
El Congreso no puede permanecer al margen. Debe escuchar a trabajadores y especialistas y debatir por la vía legislativa cualquier cambio a los derechos reconocidos en la ley. Proteger al IMSS y proteger a quienes construyeron su retiro con años de trabajo no son propósitos opuestos. Una pensión digna exige ambas cosas.
