Pensiones: Una ‘bomba de tiempo’
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México envejece a pasos agigantados, pues mientras se reducen los nacimientos, y con ello la fuerza laboral, la longevidad aumenta
Mientras en todo el mundo los economistas discuten con preocupación el tema de las pensiones, tratando de ajustar la edad de la jubilación a los nuevos índices de longevidad, que cada vez nos dan mayor esperanza de vida, en México se toman decisiones con criterios políticos.
En la reforma realizada en 2020 se incrementó el porcentaje de la pensión tomando como referencia el último salario del trabajador, pasando del 30 por ciento en que estaba antes del 2020 a cerca del 70 por ciento.
En la segunda reforma, del 2024, la propuesta de López Obrador incrementó el monto hasta el 100 por ciento del último salario, con un tope de 16 mil 777 pesos mensuales. Para ello se creó el Fondo de Pensiones para el Bienestar como un complemento que otorgan tanto el IMSS como el ISSSTE.
La reforma del 2020 también redujo el número mínimo de semanas de cotización que debe tener el trabajador para acceder a la jubilación, pasando de mil 250 a un rango de entre 750 y mil semanas.
Entendemos que es deseable garantizar el máximo de beneficios a todos los mexicanos que llegan a una edad que amerita la jubilación. Es justo que reciban el beneficio de una vejez digna sin preocupaciones económicas.
Sin embargo, la primera circunstancia que se debe aplicar es que nuestra economía permita el cumplimiento de todas estas obligaciones laborales. Vemos que traemos arrastrando un dispendio que pone en riesgo de colapso a nuestra economía, como los subsidios a las obras faraónicas de López Obrador, construidas sin planeación económica: el Tren Maya, el Corredor Interoceánico, el AIFA, la refinería de Dos Bocas, la aerolínea Mexicana, entre otras obras. A su vez, Pemex y CFE también requieren subsidios.
Añadamos los altísimos presupuestos para las Fuerzas Armadas, que se van incrementando año tras año. Además, el alto costo de los programas sociales –como son los relativos al bienestar– representa otra pesada carga económica.
Por si fuera poco, los sindicatos de los trabajadores al servicio del Estado consiguieron durante la administración de la presidenta Sheinbaum beneficios especiales, como por ejemplo el magisterio, que obtuvo jubilaciones del 100 por ciento sobre el último salario y reducciones en la edad de jubilación, para quedar en 55 años para varones y 53 años para mujeres, una edad en que se está en plenitud de facultades y larga vida por delante.
Consideremos que las pensiones por jubilación fueron instituidas por primera vez el 12 de agosto de 1925, dentro de la Ley General de Pensiones Civiles de Retiro, que fijó la edad mínima de jubilación en 60 años, mientras la esperanza de vida promedio en esa época era de 33 años. Para 1930, según el Inegi, ya era de 36.2 años.
Esto quiere decir que si la gente sobrevivía hasta los 60 años y estaba activa laboralmente, se le daba una pensión que sería de muy corto tiempo. Pocos beneficiarios lo lograban y lo disfrutaban durante ese corto periodo de vida.
En contraste, hoy que la esperanza de vida es de 75.9 años, el sector magisterial ha logrado reducir la edad de jubilación hasta 55 años de edad para hombres y 53 para mujeres, lo que significa que en plenitud de facultades obtendrán su pensión.
Con el índice de longevidad de hoy, más lo que se le añadirá en esperanza de vida futura, serán una pesada carga para la nación, durante más de 20 años. Hoy se jubilan más jóvenes que hace 100 años, cuando se instauró este beneficio.
México envejece a pasos agigantados, pues mientras se reducen los nacimientos, y con ello la fuerza laboral, la longevidad aumenta.
En los años 70 –hace 50 años–, el promedio de personas que componían cada familia mexicana era de 5.4, o sea, la pareja y 3.4 hijos. Hoy esa cifra ha disminuido, pues según las cifras del Inegi del 2024, es de 3.4 personas por hogar, lo que significa que cada pareja hoy procrea a 1.4 hijos en promedio. Por tanto, disminuye la fuerza laboral productiva y aumenta el número de jubilados, lo cual es de altísimo riesgo. ¿Entre cuántas personas en edad productiva generan los recursos para cubrir las necesidades de los jubilados?
Peor aún es la injusticia que representa que los trabajadores de la iniciativa privada –los que generan la productividad del país– reciben menos beneficios que la burocracia voraz y exigente que hoy es apapachada por el actual régimen, que los cobijó cuando López Obrador y sus seguidores eran oposición y no gobierno aún.
Nuestra economía no alcanzará a cubrir todos estos pasivos laborales. Por ello es necesario deslindar a la administración pública de las presiones electorales.
Esto implica que las decisiones que debiesen tomarse con criterios técnicos y objetivos hoy están siendo tomadas con el propósito de dar gusto a las demandas de las mayorías –aunque no se puedan cumplir esos compromisos–, con la finalidad de ganar elecciones y retener el poder.
¿TRAICIÓN A LA PATRIA?
La carpeta de la FGR contra el exfiscal de Chihuahua César Jáuregui sólo muestra lo politizada que está la institución que dirige Ernestina Godoy.
Es grave que este gobierno manosee un concepto tan delicado como lo es “traición a la patria”, que durante el siglo 19 se castigó con la pena de muerte, pues estuvo asociado con invasiones extranjeras. Por ese motivo murieron fusilados en 1867 en el Cerro de las Campanas los generales Miguel Miramón y Tomás Mejía junto con el emperador Maximiliano.
En el artículo 123 del Código Penal Federal, libro segundo, titulado “Delitos contra la seguridad de la nación”, se describen las conductas consideradas “traición a la patria”. En todo el texto, el tema central es la subordinación a otro país.
Sin embargo, en el caso por el que se juzga al exfiscal Jáuregui, es por la presencia de cuatro funcionarios norteamericanos en la destrucción –muy exitosa– de este gran narcolaboratorio en Chihuahua.
Sin embargo... ¿No hay convenios de colaboración con el gobierno de Estados Unidos para combatir al crimen organizado? Todo indica que la cooperación es muy estrecha y, por tanto, estos agentes no pertenecían a un país enemigo y por ello no hay traición a la patria.
Si hay asuntos que recriminar al exfiscal, seguramente serán respecto al procedimiento; entonces, merece sanciones administrativas.
Ya es tiempo de exigir a este gobierno que deje de manosear un tema tan delicado, pues lo hace para agredir a funcionarios que sirven a gobiernos de oposición. Este régimen manipula significados jurídicos para generar mayor impacto popular y con esto nos muestra ignorancia jurídica o “mala leche”.
ACOSO SOBRE EL INE
La información que está surgiendo sobre actos moralmente cuestionables de la presidenta del INE, Guadalupe Taddei, como son los altísimos salarios y negocios privados de sus choferes personales, así como los negocios y conflictos de interés de funcionarios cercanos.
Esta campaña lleva el “sello de casa” de la 4T para desprestigiar a la institución por si los resultados le fueran adversos durante las elecciones del 2027 y, por ello, es importante restarle calidad moral como árbitro.
Esto significó sacrificar a alguien del equipo –como lo es Taddei–, a quien se le considera morenista. Para hacerlo con alto impacto, seguramente filtraron la información a los medios. A final de cuentas, “el fin justifica los medios”.
No es primera vez que a ella se le cuestionan conflictos de interés, como el hecho de que tres de sus hijos trabajen para el gobierno de Sonora desde que ella presidía el instituto electoral de esa entidad, además de otros familiares en la nómina estatal, lo cual da un número total de nueve.
Sin embargo, pareciera ser que el objetivo final es tomar control del INE. Este régimen siempre inicia el acoso vulnerando la reputación de su objetivo, persona o institución.
¿A usted qué le parece?
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