La Suprema Corte no es oposición

El titular del Ejecutivo Federal, argumentando la libertad de expresión, ha criticado y calificado negativamente el trabajo de los integrantes del Poder Judicial de la Federación, en algunas ocasiones ha destacado casos concretos donde las sentencias son contrarias a sus intereses. En respuesta, en la Conmemoración del Día del Juzgador y de la Juzgadora Mexicanos, el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo declaró “las juezas y los jueces no somos oposición de nadie, somos los guardianes y defensores de la Constitución y lo que se deriva de su contenido, a ella nos debemos”.

Es cierto que todos los poderes del Estado, incluido el Poder Judicial, deben ser vigilados y en su caso denunciados los casos de corrupción, estamos conscientes que existe el error judicial y que los jueces han equivocado en muchas ocasiones al momento de dictar una sentencia, sin embargo, el diálogo politizado que ha emprendido el Presidente de México con el Poder Judicial desde la denominada “conferencia mañanera” viola, desde mi perspectiva, el principio de separación de poderes porque la Constitución atribuye a cada uno las funciones que el Estado cumple respecto al Derecho, es decir, la técnica idónea para asegurar un auténtico Estado de Derecho, es la idea de que los poderes públicos adecuen siempre su actuación a la ley, eso legitima el ejercicio del poder y al mismo tiempo lo limita.

¿En qué parte de la Constitución está la facultad del Ejecutivo Federal de denunciar públicamente supuestos actos de corrupción de los jueces sin pruebas y sin formalizar esas denuncias en las instancias competentes?

Somos los mexicanos los principales interesados en que el Estado esté sometido al Derecho, que exista el imperio de la ley y que los jueces sólo estén vinculados a la Constitución y a las leyes, y no a los otros Poderes del Estado.

Ese diálogo abierto y público que pretende el Presidente de la República respecto a la función de los jueces corresponde sólo a ellos, y a él respetar la separación de Poderes. El presidente del Tribunal Electoral, Reyes Rodríguez Mondragón, publicó en coautoría un artículo en donde explica que la justicia abierta es un modelo que busca entablar una nueva relación entre los tribunales y la ciudadanía en la que las decisiones y el quehacer de los tribunales sea transparente, accesible para la ciudadanía y visible respecto de otras instituciones públicas. La justicia abierta se enfoca en abrir procedimientos, documentos, datos públicos, tanto para el conocimiento y escrutinio público como para el involucramiento de la sociedad civil.

Nos parece que ese es el camino para fortalecer la Judicatura y legitimar los millones de sentencias que dictan cada año los jueces en México; en una de ellas la Suprema Corte con el voto de 7 ministros aprobó recientemente una jurisprudencia que revocó la interpretación del Tribunal electoral en el sentido de que era posible suspender la elegibilidad para elecciones posteriores a quienes hubieran sido sancionados reincidentemente por infracciones electorales, este criterio afectaba a 17 Gobernadores y la Jefa de Gobierno de la CDMX, todos pertenecientes al partido político Morena por haber sido sancionados cuando hicieron propaganda a favor del presidente Andrés Manuel López Obrador durante la consulta de la revocación de su mandato. En esta ocasión la sentencia de los jueces constitucionales fue a favor del partido político en el poder. De ahí que no se deben satanizar los fallos de los jueces cuando son en contra, ni alabarlos cuando son a favor, sino fortalecer su independencia para aspirar siempre a su imparcialidad.