No se necesita hacer un gran esfuerzo de memoria para caer en la cuenta, sobre hechos aparentemente ya consumados, que desde el inicio del gobierno de López Obrador la Suprema Corte estuvo en la mira. El solo recordatorio de ciertos datos objetivos y verificables permite llegar claramente a tal conclusión. Veamos:
Los más memoriosos seguramente tendrán presente que en los primeros meses del gobierno de AMLO, sin venir a cuento, de manera inopinada, el entonces presidente del Senado, Ricardo Monreal, soltó una idea que a los conocedores de la materia les pareció tan descabellada como inoportuna.
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Monreal, al efecto, realizó el ejercicio llamado “del globo”, consistente en soltar una propuesta, como si fuera globo, con el propósito de ver qué tan alto asciende antes de que los argumentos de quienes se oponen, en caso de haberlos, pinchen el globo, este se desinfle y caigan sus restos en tierra.
Si lo último ocurre, la propuesta se abandona por considerar que, debido a las resistencias encontradas, será difícil que prospere. Lo cual no significa que la idea se descarte, sino que se le buscará otra vía para lograr lo que se pretende. Que fue exactamente lo que sucedió con la Corte.
Monreal, pues, soltó la idea de modificar la Constitución para duplicar el número de ministros de la SCJN. Mencionó al respecto que si antes de la reforma impulsada por Zedillo, en diciembre de 1994, ese número era de 26, no se veía claro por qué vino a quedar en 11.
Por supuesto, Monreal no comentó nada acerca del número de ministros que haría mayoría calificada, que ahora es de 8, para resolver las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad. Era, obviamente, el as de la baraja que Monreal ocultaba bajo la manga. Como la propuesta fue objeto de numerosas críticas, se optó por desecharla.
A continuación, como lo confirmaron después los hechos, el obradorato realizó los cálculos del caso y –muy a su pesar– optó por la vía de la paciencia. Las cosas sucedieron así: como los ministros de la Corte se relevan de manera escalonada y no todos de un solo golpe, AMLO aparentemente se conformó con tener cuatro incondicionales hasta la segunda mitad de su sexenio. Tres que el Senado nombraría a su propuesta por los que cumplirían su periodo, más otro que llegaría al lugar de uno al que ya le habían echado el ojo para acusarlo de corrupción hasta hacerlo renunciar (Eduardo Medina Mora), y asunto resuelto. Tendría así López Obrador cuatro ministros a su incondicional servicio, con los cuales evitaría que la Corte le invalidara leyes reglamentarias mediante acciones de inconstitucionalidad.
Pero se equivocó en dos de los tres ministros iniciales que eligió el Senado a propuesta suya, de AMLO. Con el objeto de crear confianza, fueron dos juristas honorables: Juan Luis González Alcántara Carrancá y Margarita Ríos Farjat. Que estos ministros hayan resultado fieles a la Constitución y no a López Obrador, lo enfureció en grado extremo. Al no poderla colonizar inició entonces, desde las mañaneras, una sistemática y brutal campaña de desprestigio de la Suprema Corte.
La cuestión se agravó cuando al hacerse la amplia reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación no prosperó, por inconstitucional, la burda maniobra legislativa de agregar de última hora un artículo transitorio para extender por dos años más en la presidencia de la Corte al obsequioso Arturo Zaldívar, sometido a López Obrador hasta la ignominia.
Llegó después la molestia de AMLO a niveles insoportables cuando, debido a la denuncia de plagio, no logró que una de sus incondicionales, la ministra Yasmín Esquivel, llegara a la presidencia del Alto Tribunal. Estos acontecimientos, más otros menores relacionados, decidieron la suerte no sólo de la Suprema Corte y del Poder Judicial, sino muy probablemente –para mal– del país por quizá dos o más décadas.
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A toro pasado, vale la pena hacer tres preguntas: 1) ¿Qué habría sucedido de haberse aprobado en 2019 la propuesta de Monreal, de duplicar el número de ministros de la Corte? 2) ¿Cuál habría sido el destino de la SCJN de haberse extendido por dos años más la presidencia de Arturo Zaldívar en el Alto Tribunal?
Y 3) ¿Cómo habría sido el desenlace de estos acontecimientos de no haberse detectado el plagio de la ministra Yasmín Esquivel, cuyo escándalo impidió ser elegida presidenta de la Corte? Cualquiera que sea la respuesta a estas tres interrogantes, el resultado que se buscaba era el mismo. Porque desde el principio la Corte estuvo en la mira del obradorato.
