Las consecuencias económicas de la reforma al Poder Judicial

El nuevo mundo se mueve alrededor de un solo término: confianza. De esta forma, los inversionistas deciden arriesgar su dinero en otros países para generar utilidades dando empleos (en el caso de la inversión directa) y creando proyectos productivos, o llevando su dinero a instituciones financieras que garantizan que no lo robarán. La confianza es la base del sistema financiero nacional e internacional. Bajo condiciones de un marco legal fuerte, que sea respetado y justo, es que se da el crecimiento de los capitales y en consecuencia el crecimiento económico.

La reforma al Poder Judicial que se propone actualmente perjudica la confianza de quienes arriesgan su dinero porque no hay certidumbre de lo que pueda pasar en el futuro. La reforma judicial lo único que garantiza es jueces, que bajo cualquier circunstancia, estarán a favor del gobierno en cuestión, que será quien los nombre con base en sus méritos políticos y no de experiencia o sapiencia. Como consecuencia, será la popularidad y no la capacidad lo que rija al nuevo sistema legal que será el encargado de mediar en conflictos laborales, mercantiles o de cualquier tipo que afecten a la actividad económica y financiera. Bajo una perspectiva somera, pero no carente de fundamentos, hay tres grandes efectos de la reforma al poder judicial sobre la futura actividad económica: la potencial salida de México del tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá; la caída de la inversión internacional productiva y de cartera y la desintegración del sistema financiero mexicano del resto del mundo. A las reflexiones me remito.

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Dentro de los compromisos que se hicieron cuando se firmó el tratado original de libre comercio con nuestros vecinos del norte en 1994, hicimos un compromiso de crear y mantener un grupo de instituciones no gubernamentales, pero dependientes del presupuesto nacional, para asegurar que los compromisos de operación comercial se cumplieran. De este punto surgen la comisión federal de competencia económica, la comisión reguladora de energía, y otras instituciones más que se enfocan a dar certidumbre a las participantes en mercados, que por naturaleza, requieren información especial y reglas específicas para evitar monopolios o una participación de los gobiernos, que altere el equilibrio de mercado. Si desaparecen los órganos autónomos, la premisa central de sostenimiento de la operación comercial del tratado también desaparece y en consecuencia, el T-MEC pasará a la historia. Tendremos que pagar más por los productos que vienen de Estados Unidos o Canadá porque se impondrán aranceles.

La reforma judicial cambiará la forma en que se resuelven conflictos legales entre patrones internacionales y empleados nacionales. Ya no habrá confianza (de los extranjeros) en que las autoridades juzguen de acuerdo a la ley pues los jueces, ante la necesidad de ganar votos para ser elegidos o reelegidos, harán su trabajo en función de la popularidad que le genere cada acción llevada a cabo, pues de ello dependerá su sustento y su propia carrera profesional. En consecuencia, la justicia pasa a ser secundaria y la política el factor primario, situación nada adecuada para la inversión y los negocios ya que mina la confianza.

Hay periodistas, como Jorge Ramos y Andrés Oppenheimer, que dicen que el nuevo sistema judicial incrementará la tentación de expropiar empresas cuando el sistema económico actual empiece a colapsar. El argumento es que los sistemas de izquierda deprimen el crecimiento económico a largo plazo y en consecuencia, echan mano de lo que tengan al alcance cuando los mercados internos de capitales y bienes y servicios colapsan. Por lo anterior, como ha sucedido en Venezuela, Nicaragua y Bolivia, se expropian empresas internacionales con el argumento de que se han aprovechado del país. Las consecuencias mediocres de este argumento quedan más que evidentes con las economías actuales que tienen los países antes mencionados. En pocas palabras, cualquier problema legal siempre tendrá una solución política conveniente para alguien, pero no habrá justicia.

La inversión internacional hacia México, hay que decirlo, se ha frenado a partir de los resultados de las elecciones presidenciales pasadas. Los datos muestran cuando menos una salida de capitales financieros (bolsa y cartera bancaria principalmente) de 18 por ciento de enero a junio de este 2024. La bolsa mexicana de valores ha perdido más de 2 mil puntos en su indicador y la tenencia de cetes de extranjeros se redujo cuando menos 16% en el mismo periodo. Ya se han detenido proyectos productivos, y hasta un par de ellos, cuando menos, se han cancelado. En este momento, después de la “pausa” declarada por el presidente de la república a los embajadores de Estados Unidos y Canadá, hay preocupación en los organismos empresariales porque proyectos que ya se habían empezado a construir, se han detenido sin fecha para reiniciar. Hay dudas, como lo mencioné anteriormente, que el tratado de libre comercio con nuestros vecinos del norte, se ratifique en julio de 2026. Incluso, ya hay empresas que están cambiando sus oficinas de México a Estados Unidos, para que en caso de un litigio, haya justicia. Habría que imaginar a la actual magistrada Lenia Batres legislando en caso de un asunto internacional, mucha ideología y nula jurisprudencia, dando soluciones cómicas y fuera de contexto como lo ha hecho hasta ahora en asuntos de menor calado.

La reducción de la inversión significará un recorte importante en la generación de nuevos empleos, reducción del promedio del salario real, y desde luego, una reducción del nivel de vida a nivel nacional. Hay que recordar que las empresas internacionales pagan en promedio un 30 por ciento más que las empresas nacionales. Además, la proveeduría nacional sufriría un fuerte golpe económico pues las oportunidades de negocio se reducirían notablemente. La debacle económica potencial, de seguir la tendencia actual es terrible, pues el nivel de integración económica entre los estados fronterizos de México y los Estados Unidos es de un 30 por ciento. Habrá que hacer los cálculos para determinar las pérdidas que podrían tenerse.

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En lo que respecta a la desintegración de México del resto del primer mundo financiero, es evidente que pasaremos a ser un país de baja confiabilidad financiera. Caeremos a los niveles de Pakistán, Afganistán, India y Venezuela. La tasa de riesgo país ha empezado a subir cuando menos 2 puntos cada semana desde la elección al 18 de julio y se encuentra en 775 puntos base, desde menos de 300 puntos al inicio del sexenio. Esto se traducirá en mayores tasas de interés que tendremos que pagar por préstamos para el gobierno, sobre todo ahora que se necesita dinero para pagar los programas sociales porque no se quiere hacer una reforma fiscal de gran calado. La inversión de empresas de renombre internacional en nuestro territorio ya no sería posible. Buscarían otros lugares menos “hostiles” con marcos jurídicos más claros. México ya no sería importante financieramente hablando para nadie y estaríamos aislados de los mercados internacionales donde se distribuyen las grandes inversiones que realmente generan crecimiento económico. A diferencia de Venezuela o Pakistán, ya no tenemos petróleo para poder financiar al gobierno actual, y en consecuencia podríamos caer todavía más. Lo que sostiene a Maduro en el poder en Venezuela, entre otros factores, es que tiene la reserva de petróleo probada más grande del mundo y por eso tiene “amigos” como China y Rusia. México pudiera tener un rumbo económico hacia el caos y la descomposición financiera en el corto plazo. Los préstamos que Estados Unidos nos ha hecho en el pasado para salir de las crisis, ya no estarían sobre la mesa. Iríamos sorteando las peripecias globales solos en el sentido estricto de la palabra.

No hay más que decir, la propuesta de reforma judicial para transformar a ese poder en un circo político, es una de los disparates y ocurrencias más grandes de los gobiernos de México, o al menos eso dicen los otros datos.