Las finanzas de Coahuila y el cambio de gobierno

A menos de tres meses del relevo de gobierno en Coahuila, tienen lugar movimientos financieros que podrán impactar la capacidad operativa de la administración entrante, algunos de ellos, se explican en función a la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. Esta legislación expedida en abril de 2016 establece los criterios de responsabilidad hacendaria y financiera que regirán a las entidades federativas, y es consecuencia de los endeudamientos excesivos en que incurrieron algunos estados como el nuestro.

De esta normatividad centraremos nuestra atención en aquellos aspectos que pudiesen tener un efecto tangible sobre las finanzas de Coahuila. Uno de ellos es el artículo 44 de la citada Ley, que se refiere al sistema de alertas mediante el cual se clasifican los estados en función del monto de sus deudas. Para ello se recurre a la imagen del semáforo de tres colores: verde, amarillo y rojo.

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Las entidades con endeudamiento sostenible pueden contratar deuda adicional hasta por el 15 por ciento de sus ingresos de libre disposición (ILD), una segunda categoría se refiere al endeudamiento en observación, y los estados ubicados aquí, sólo pueden contratar nuevos créditos hasta por el cinco por ciento de dichos ingresos, y la tercera categoría, la de endeudamiento elevado, no permite adquirir nuevos empréstitos. Por cierto, la única entidad que no tiene deuda es Tlaxcala.

Para el segundo trimestre de 2023, únicamente dos estados, Chihuahua y Coahuila, estaban ubicados en observación, es decir, en semáforo amarillo. Esto significa que el techo financiero para la Secretaría de Finanzas del estado es de aproximadamente mil 300 millones de pesos anuales, lo que marca ya una limitación al gobierno entrante. Los ILD son la suma de los ingresos libres, más las participaciones federales, menos las transferencias a los municipios.

En teoría, en el caso de una recaudación federal menor a la estimada, los estados, Coahuila incluido, pudieran recibir recursos del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas, estimándose para nuestra entidad 680 millones de pesos para los primeros cuatro meses de 2023.

Asimismo, esta Ley en su artículo 15 establece que en caso de una disminución de los ingresos previstos en el presupuesto, el Ejecutivo del estado deberá hacer ajustes en los siguientes rubros: gastos de comunicación social, gasto corriente y gasto en servicios personales.

El artículo 30 es importante, pues consigna que los créditos de corto plazo deberán pagarse a más tardar tres meses antes de que concluya el periodo de gobierno, es decir, este pago debió haberse efectuado a más tardar el pasado 31 de agosto. En este sentido, el gobernador Riquelme dio a conocer el pasado lunes, que Coahuila saldó ese pasivo mediante el pago de poco más de 3 mil 300 millones de pesos. De acuerdo con la calificadora Fitch Ratings, el pasado mes de marzo, había en la caja de la Secretaría de Finanzas 3 mil 498 millones de pesos.

El artículo 62 postula que los quebrantos causados a las finanzas estatales por los servidores públicos deberán pagarse mediante las indemnizaciones correspondientes en cantidades líquidas. Hasta aquí lo que dice la Ley; que se cumpla está por verse, pues una cosa es lo que está escrito y otra la realidad.

Al calce de la Ley de Disciplina Financiera, aparecen los nombres de los entonces legisladores federales, Roberto Gil, senador; José de Jesús Zambrano, diputado; e Hilda Flores Escalera, senadora, entre otros. Saltillense ésta última, fue senadora plurinominal de 2012 a 2018, habiéndose desempeñado previamente como diputada local por el distrito 3, durante el periodo de febrero de 2010 al 31 de diciembre de 2011, periodo en el cual se modificó la legislación, para transformar la deuda de Coahuila de corto a largo plazo.

Gobernar es una tarea compleja, máxime en un estado como el de Coahuila, donde existen evidentes y considerables limitaciones financieras, y sin un presupuesto, a las buenas intenciones se las lleva el viento, por ello, de entre los múltiples problemas que habrá de enfrentar el gobernador electo, ya tiene en su agenda el de los dineros, si bien la liquidación de la deuda de corto plazo le da algo de oxígeno.

Hay rumores de un posible incremento en el impuesto sobre nóminas, que actualmente es del dos por ciento, será importante además buscar el concurso del capital privado, en especial en el ámbito de las obras de infraestructura, lo anterior, sin dejar de lado un análisis a fondo del gasto, para hacer los ajustes requeridos. Sin duda, el tema de las finanzas estará bajo los reflectores.