Lecciones para Europa de la crisis de Ceuta

Por Ana Palacio, Project Syndicate.

MADRID- A finales de julio, decenas de miles de migrantes cruzaron desde Marruecos a Ceuta, un enclave español en el norte de África. Aunque la mayoría de ellos pronto regresó a Marruecos de forma voluntaria, varios miles, muchos menores de edad, siguen varados en la ciudad, mientras España se enfrenta a las consecuencias humanitarias, de seguridad y administrativas. Sin embargo, el caos inicial ha remitido, brindando a Europa la oportunidad de reflexionar sobre las vulnerabilidades que ha puesto de manifiesto este episodio.

La primera vulnerabilidad tiene que ver con la cohesión. Ceuta no es simplemente una ciudad española en la costa norteafricana; es territorio de la Unión Europea y forma parte de la frontera exterior de la UE. Pese a ello, la respuesta inicial de Europa ante la crisis no fue defender una frontera común. En cambio, Italia impuso controles fronterizos temporales con España, con el apoyo de otros Estados miembro, entre ellos Dinamarca, Finlandia y los Países Bajos. La República Checa llegó incluso a pedir la suspensión temporal de la pertenencia de España al espacio Schengen.

Aunque 22 países de la UE convocaron conversaciones de emergencia para idear una “respuesta europea coordinada”, cualquier atisbo de solidaridad se vio socavado por el cruce de acusaciones. Para cuando los ministros del Interior de la UE expresaron su solidaridad con España y afirmaron que las fronteras exteriores de Europa son una responsabilidad compartida, ya se había enviado un mensaje preocupante sobre la cohesión europea.

Puede parecer que las tensiones giran en torno a la migración, pero en realidad tienen más que ver con la confianza. La libre circulación dentro de la UE solo es posible si los Estados miembro creen que las fronteras exteriores están protegidas de forma eficaz. La crisis de Ceuta ha puesto de manifiesto lo frágil que es esa confianza: los controles fronterizos y los reproches comenzaron casi de inmediato, a pesar de que los migrantes que entraron en Ceuta no cruzaron a la España peninsular.

A España le corresponde responsabilidad cierta en la falta de confianza de los socios de la Unión respecto a su gestión fronteriza. En una evaluación publicada antes de la crisis, la UE subrayó deficiencias en los planes de contingencia de España ante una entrada masiva, incluida una coordinación insuficiente con los instrumentos europeos y los países vecinos. Además, el Gobierno español ha tardado casi un mes en llevar el asunto de Ceuta ante su Consejo de Seguridad Nacional, poniendo de manifiesto la falta de comprensión de la naturaleza estratégica del desafío.

No obstante, para que las fronteras comunes de Europa sean operativas, sus miembros deben forjar un entendimiento común de lo que implica defenderlas. Sin una confianza mutua sólida, la cohesión siempre será frágil.

La segunda vulnerabilidad que reveló la crisis de Ceuta radica en la dependencia de la UE respecto a terceros. Durante años, la estrategia migratoria del bloque ha requerido la cooperación con los países vecinos, a los que Europa, en la práctica, paga para impedir las salidas, desarticular las redes de tráfico ilegal, aceptar los retornos y contener los flujos antes de que alcancen el territorio de la UE.

Externalizar la gestión de las fronteras podría parecer una solución ideal, pero plantea riesgos estratégicos. Cuanto más dependa Europa de los Estados vecinos para controlar la migración, mayor será la influencia de sus contrapartes. Marruecos, pieza clave de la red de control migratorio de Europa e interlocutor importante en materia de comercio, inversión, lucha contra el terrorismo, seguridad y energía, es muy consciente de ello.

No hay pruebas que demuestren de forma categórica que el Gobierno marroquí orquestara el cruce a Ceuta. Contribuyó sin duda una interpretación incorrecta de una sentencia del Tribunal Supremo español relativa a las repatriaciones de migrantes, difundida por las redes de trata de seres humanos y en las redes sociales. Pero, aunque las autoridades marroquíes niegan haber relajado deliberadamente los controles fronterizos, las fuerzas de seguridad marroquíes, que han demostrado ser más que capaces de impedir tales cruces, respondieron esta vez con notoria pasividad. Tras la oleada, circularon rumores de que se llevaría a cabo otro intento, pero las fuerzas marroquíes, en cooperación con España, lo frustraron, cosechando elogios de la Comisión Europea, y remachando que Marruecos puede evitar cuando así lo quiere que se agraven los riesgos de seguridad en la frontera de Europa.

Comprar cooperación no equivale a una asociación estratégica. Europa necesita a Marruecos, y Marruecos se beneficia enormemente de su relación con Europa. Pero las relaciones se ponen a prueba cuando los intereses divergen, no cuando coinciden. Una asociación genuina debe incluir no sólo la cooperación en intereses comunes, sino también claras restricciones de comportamiento.

Marruecos reclama Ceuta y Melilla, y, cada vez más, plantea esa reivindicación en los términos de la descolonización. La historia es compleja y merece ser tratada como tal. El estrecho de Gibraltar ha sido durante milenios una zona de intercambio, conflicto, migración y superposición de autoridades políticas. Sin embargo, la aspiración de Marruecos carece de legitimidad.

Las formas de soberanía que existían en el Magreb premoderno son diferentes del Estado-nación contemporáneo. Cuando Portugal ocupó Ceuta en 1415, reclamaba el territorio al sultanato meriní, que abarcaba gran parte del Magreb en aquella época. Portugal transfirió la soberanía a España, que ya controlaba Melilla, en 1668. Desde entonces, España ha ejercido la soberanía sobre ambos territorios.

Ceuta no figura en la lista de las Naciones Unidas de territorios no autónomos, como sí lo hacen Gibraltar y el Sahara Occidental. No hay disputa de Derecho Internacional sobre la soberanía de Ceuta, que es España y forma parte del territorio de la UE. La reivindicación por parte de otro Estado no atañe por sí esta realidad, no emparenta con un proceso de descolonización, y mucho menos crea el derecho a alterar la soberanía mediante presiones demográficas, económicas o políticas.

Esto nos lleva a la tercera vulnerabilidad: el riesgo de erosión del derecho internacional. Desde Ucrania hasta Groenlandia, la UE ha respondido a menudo a los ataques o amenazas contra la soberanía territorial invocando el derecho internacional. Si bien, su aplicación selectiva debilita los marcos que sustentan dichos principios.

Para Europa, el derecho internacional no es solo una cuestión de política exterior; forma parte de su identidad estratégica. Al carecer del poderío militar de Estados Unidos o China, lo último que desea la UE es vivir en un mundo en el que las fronteras puedan modificarse mediante la fuerza o la coacción. España, y la UE en general, debe, por tanto, dejar claro que su soberanía territorial no es negociable. Europa debe seguir construyendo una asociación estratégica resiliente con Marruecos, al tiempo que rechaza la idea de que la complejidad histórica se traduzca en un derecho contemporáneo. Copyright: Project Syndicate, 2026.

Ana Palacio fue ministra de asuntos exteriores de España y vicepresidenta sénior y consejera jurídica general del Grupo Banco Mundial; actualmente es profesora visitante en la Universidad de Georgetown.