Legislar al vapor y contra la Constitución
Como bien se sabe, en nuestro sistema político el gran legislador es el Ejecutivo y no precisamente el Poder Legislativo, como debería ser. Esta realidad se presenta tanto en el ámbito federal como en los estados. Todo empieza con el derecho que tanto el Presidente de la República como los gobernadores tienen de presentar iniciativas de ley. Como son en la práctica los únicos que cuentan con el aparato y los recursos para elaborarlas, es por ello que tienen el cuasimonopolio de las iniciativas de ley.
A pesar de la recién reimplantada reelección (aunque limitada) de diputados y senadores, en realidad muy poco es lo que se ha avanzado en esta materia, pues se creía que con legisladores verdaderamente profesionales aquel monopolio del Ejecutivo tendería a desaparecer. Es probable que ello ocurra –ojalá– en el largo plazo, pero por lo pronto no se nota.
En el proceso legislativo el Presidente tiene, además del derecho de iniciar leyes, el de vetarlas, es decir, de devolverlas con observaciones a la Cámara de su origen para que ésta y la otra Cámara las discutan de nuevo y sólo se considerarán aprobadas definitivamente si reciben el voto favorable de las dos terceras partes de los legisladores presentes, lo que se llama mayoría calificada.
Durante el largo periodo de la hegemonía priista sólo y casi exclusivamente las iniciativas enviadas por el Presidente eran las que se aprobaban. Y además “rapidito y
sin cambiarles una coma”. Como nuevamente vuelve a suceder con el actual grupo en el poder.
En el pasado priista las iniciativas de los diputados y senadores, en particular de la oposición, se turnaban a Comisiones para su estudio y dictamen, lo cual nunca ocurría. Se iban a las frías gavetas de los archivos. Por eso se decía que su destino era “la congeladora”. Mientras que las del Presidente se procesaban “al vapor”. Las Cámaras funcionaban pues “entre el vapor y la congelación”.
En su célebre libro sobre “El Presidencialismo Mexicano”, Jorge Carpizo ironiza sobre el punto. Escribe que en la “realidad mexicana, el veto no ha jugado el papel que tiene reservado en el procedimiento legislativo: en México es más bien el presidente quien realmente legisla, y el poder legislativo ejerce una especie de derecho de veto respecto a las reformas que, sin ser importantes, realiza a los proyectos presidenciales” (pág. 89).
Espectáculo grotesco era aquel en el que a la mitad de la sesión aparecía en la Cámara un motociclista, con su uniforme y botas que lo identificaban como tal, quien con parsimonia y cadencia caminaba por el pasillo central del salón de sesiones portando un sobre color manila que con gran solemnidad entregaba al presidente de la mesa directiva. Contenía una iniciativa de ley enviada por el Presidente. Se le dispensaban todos los trámites y se ponía de inmediato, sin dictamen previo, a discusión y aprobación. Luego, con idéntica rapidez se turnaba al Senado “para sus efectos constitucionales”. Y por la tarde de ese mismo día la otra Cámara, llamada Alta, ya la estaba aprobando. ¡Faltaba menos!
Esa práctica alevosa empezó a cambiar a partir de 1997, cuando el PRI perdió por primera vez la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados. Luego con el peñanietismo parcialmente se volvió a las andadas. Y así le fue al País.
Lo anterior viene a cuento con motivo de que este 1 de septiembre dio inicio el periodo de sesiones del Congreso, que concluirá a mediados de diciembre. Bueno, pues el grupo oficialista en ambas Cámaras, formado por Morena y sus aliados, ha revivido –y de manera incrementada– aquella vieja práctica priista.
Un ejemplo de lo anterior es el de la iniciativa de reformas a diversas leyes secundarias para incorporar la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, lo cual viola de manera flagrante lo dispuesto en la Constitución. Previamente, el Presidente anunció que esa iniciativa la enviaría con el carácter de preferente para ser aprobada o desechada en un plazo no mayor a 60 días naturales.
Una pifia de los asesores jurídicos del Presidente impidió que tal iniciativa recibiera el trámite de preferente, por haberse presentado un día antes del expresamente señalado en el artículo 71 de la Constitución. Nominalmente no, pero sí en la práctica se le dio dicho trato, torturando para ello el proceso legislativo mediante el abuso de la mayoría numérica de Morena y sus aliados.
@jagarciavilla
