Cada año, la Auditoría Superior del Estado de Coahuila (ASEC) presenta sus informes relativos a las cuentas públicas, destacando las anomalías que detecta en cada uno de los entes públicos de la entidad; en estas irregularidades uno de los actores que más a menudo aparece es el magisterio.
Históricamente, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) −y los organismos que estos operan− se había mostrado reacio a la transparencia y al escrutinio público. Con el paso de los años y el fortalecimiento de las legislaciones en materia de transparencia, el magisterio se ha visto obligado a abrir los detalles de sus operaciones y a ser fiscalizado por las auditorías, tanto estatal como federal.
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En la Cuenta Pública 2021, el magisterio coahuilense aparece como el líder en las anomalías detectadas y denunciadas penalmente por la ASEC. Cuatro de cada 10 pesos que se observaron a todos los entes públicos corresponden a los distintos organismos que maneja el sindicalismo de los maestros.
Tan sólo en cuatro organismos magisteriales, como son la Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación, el Fondo de Vivienda, el Seguro de los Trabajadores de la Educación y el Servicio Médico, se detectaron posibles daños al patrimonio por más de 165 millones de pesos.
A pesar de que la autoridad ministerial aún deberá robustecer las investigaciones para confirmar −o descartar− que existe un delito por estas irregularidades, es de suyo grave que a menudo el magisterio aparezca como protagonista de estos reportes de la ASEC.
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Tan sólo entre 2012 y 2016, los diferentes organismos dependientes a la Sección 38 del SNTE afrontaron 16 denuncias penales por más de mil 300 millones de pesos ante irregularidades que detectó la ASEC.
En medio de estas anomalías detectadas a lo largo de los años, también los propios maestros han reportado un debilitamiento en los servicios que otorgan los organismos.
En estas páginas de VANGUARDIA recurrentemente han aparecido artículos periodísticos que reseñan las denuncias sobre el declive en el Servicio Médico, el cual también ha estado inmiscuido en constantes polémicas por posibles actos de corrupción.
Asimismo, maestros han denunciado una profunda crisis en la Dirección de Pensiones, la cual también a menudo ha afrontado señalamientos de los propios maestros sobre su viabilidad financiera.
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Si bien, dirigentes magisteriales de otras secciones como la 5 afrontan procesos judiciales por anomalías que se habrían cometido en detrimento de los recursos públicos, en el caso de la Sección 38, este tipo de acusaciones han quedado en el señalamiento.
Lo ideal sería que los entes públicos −incluido el magisterio− fueran más pulcros en el manejo de los recursos públicos para no dejar dudas que se ejercen de manera correcta.
Habrá que esperar si en este caso que publicamos hoy, la justicia avanza en aras de aclarar el ejercicio de estos recursos, si no debería −como en todos los casos en que se confirme un mal uso del erario− haber sanciones ejemplares en contra de los responsables.
